Entre febrero de 2007 y febrero de 2008 cientos de inversionistas bursátiles de Europa y Asia se sintieron afortunados cuando una firma de corretaje con sede en Estados Unidos les ofreció comprarles acciones de poco valor por un monto de dinero superior al precio de mercado. La oferta era buena y el costo muy bajo, ya que sólo tenían que pagar algunos impuestos y trámites administrativos mediante una trasferencia bancaria a cuentas en Miami. Las malas noticias comenzaron luego de hacer esos pagos, cuando se enteraron de que la empresa corredora no existía y de que habían sido víctimas de una millonaria estafa de telemercadeo ejecutada desde Brasil.

Mediante una compleja y bien preparada operación, los brasileños estafaron y lavaron más de US$13.5 millones de dólares, luego de hacerles creer a sus víctimas que eran una empresa de corretaje que funcionaba bajo la supervisión de los organismos reguladores norteamericanos. Para tal fin, crearon páginas web y documentos que le daban apariencia de legalidad a sus operaciones.

Según la información proporcionada por el Departamento de Justicia, los estafadores obtuvieron ilegalmente información de empresas corredoras reales y además crearon una estructura de supuestas oficinas de reguladores que se encargaban de legitimar las operaciones falsas de la red criminal.

La red brasileña utilizó la tecnología de teléfonos VoIP (Voice over Internet) para operar desde Brasil con números y códigos de Estados Unidos, para hacer creer a sus víctimas que estaban localizados en territorio norteamericano. Esta complicada trama de falsificación, estafa telefónica y lavado de dinero fue coordinada por Doron Mukamal y una red de 17 empleados que fueron detenidos en Brasil. Mientras que la legitimación de US$13.5 millones en bancos de Estados Unidos estuvo a cargo de Rodrigo Molina, un brasileño de 33 años residente de Miami, y Neto Macchione, otro brasileño residente de Aventura (Florida).

El 25 de febrero de 2009, la Corte del Distrito Sur de Florida encontró culpable a Molina de 11 cargos en su contra, 5 de los cuales son por lavado de dinero y por los que enfrenta una condena de 20 años de prisión. Por su parte, Macchione ya fue sentenciado a 70 meses en prisión y a pagar US$1.8 millones.

Autoridades alerta

Las estafas telefónicas no son nuevas y ya han sido muchos los casos de víctimas que han sido contactadas mediante el teléfono. Sin embargo, esta metodología sigue siendo muy usada y es por eso que las autoridades norteamericanas han advertido sobre el peligro que representa para las instituciones financieras.

En el marco de un acuerdo logrado en 2008 con el Wachovia Bank por fallas en el monitoreo ALD de cuentas de empresas de telemercadeo, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) anunció que estas empresas “presentan un riesgo más elevado que otros comerciantes y que requieren una diligencia debida adicional y un monitoreo más detallado de parte de los bancos nacionales”.

Por su parte, la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés) informó en noviembre de 2008 que los bancos que prestan servicios a las compañías procesadoras de pagos para los telemercaderes y otros clientes comerciales podrían enfrentar “mayores riesgos estratégicos, de crédito, cumplimiento, transacciones y de reputación”. Las instituciones financieras que detecten de manera inadecuada actividades sospechosas podrían ser “consideradas como que están facilitando” el delito, precisó la agencia.

La guía publicada en noviembre por la FDIC probablemente no se traduzca en el cierre de cuentas, ya que los procesadores de pagos ya han implementado estándares de seguridad que les permitirá realizar mayores verificaciones sobre posibles abusos, según explicó el pasado mes de diciembre Lisa De Falco, ejecutiva de TPG TeleManagement, Inc., una compañía que monitorea las transacciones de los centros de llamadas para la industria bancaria.

Pero el fraude telefónico no sólo es un riesgo por violaciones a los controles antilavado, sino que puede ocasionar pérdidas económicas a la institución. Allen Weinberg, fundador de la consultora de pagos Glenbrook Partners, de Menlo Park, California , señala que el fraude telefónico podría afectar la estructura de base de una institución, cuando los consumidores cancelan pagos, o se les reconoce el crédito por conceptos cobrados originados en un fraude cometido en sus tarjetas de crédito.

   “Cuando se producen muchas devoluciones por parte de la institución por fraude cometido con las tarjetas de crédito, el banco va a ir al comerciante y le va a decir: Me debes todas estas devoluciones que tuve que hacer y – sorpresa – el comerciante ya no está allí”, indicó.

Cuando se detecta una sospecha de actividad fraudulenta en una cuenta de un procesador de pago, los bancos pueden querer presentar un reporte de operación sospechosa, obligar al procesador de pagos a terminar su relación de procesamiento con ese comerciante específico, o terminar la relación con el procesador de pagos, señaló la FDIC.

Otros casos emblemáticos de fraude por telemercadeo

Los tipos de estafa pueden ser muy diversos. A continuación presentamos algunos casos que muestran distintas metodologías:

-Duro golpe al Wachovia Bank: El Wachovia Bank (adquirido por Wells Fargo & Co.) pagó una multa civil de US$10 millones y US$125 millones para compensar a las víctimas de fraude por telemercadeo realizado a través de cuentas en el banco, según un acuerdo logrado con la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) en abril de 2008.

  Las compañías de telemercadeo que participaron en el fraude emitieron cheques a distancia utilizando la información de las cuentas de los consumidores, muchos de ellos de avanzada edad, obtenidas por teléfono. Los cheques fueron luego depositados por la empresa de telemercadeo y los procesadores de pagos en cuentas en el Wachovia, institución que no detectó la anormalidad. El banco obtuvo ganancias entre 1 de junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2006 por honorarios y saldos mantenidos en cuentas de las compañías involucradas en el fraude, informó la OCC en un comunicado de prensa publicado para aquel entonces.

La vocera del Wachovia, Christy Phillips-Brown, indicó que la institución implementó una política para dejar de brindar servicios bancarios a las compañías que son estrictamente de telemercadeo o procesadores de pago para empresas de telemercadeo.

-El caso AmeriNet:  En noviembre de 2005, el procesador de pago AmeriNet firmó un acuerdo con los fiscales generales de los estados de Ohio, Florida, Illinois, Carolina del Norte y Vermont por su rol en un fraude con telemercadeo. El acuerdo obligó a AmeriNet a reembolsar a los consumidores defraudados, pagarles US$10.000 a cada uno de los estados y a reforzar sus procedimientos de diligencia debida. Hasta el 80% de los débitos procesados por AmeriNet para los telemercaderes habían sido desconocidos por los consumidores, según una declaración conjunta presentada por los fiscales generales estatales en noviembre de 2005.

-Los McCorkles y los bienes raíces:  En marzo de 1998 los hermanos Willian y Chantal McCorkle fueron acusados de lavado de los ingresos provenientes de una artimaña que comprendía la venta de material de capacitación para enseñar a las personas a encontrar bienes raíces con precios bajos y poder participar en remates de propiedades organizados por el gobierno.

  William y Chantal McCorkle, directivos de esta operación multimillonaria de fraude mediante telemercadeo en Florida, fueron condenados por el delito de lavado de dinero y tuvieron que devolver US$10 millones, incluyendo US$7 millones mantenidos en una cuenta en las Islas Caimán.

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