La importación de vehículos representa una de las actividades comerciales más expuestas al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). El alto valor de las operaciones, la participación de múltiples actores internacionales y la facilidad de manipular facturas y precios hacen de este sector un terreno fértil para prácticas ilícitas. Reconocer las señales de alerta es clave para prevenir riesgos y proteger tanto a las empresas como al sistema financiero.

¿Por qué la importación de vehículos es atractiva para el LA/FT?
1. Volumen económico elevado: La compra de un lote de vehículos puede movilizar millones de dólares en una sola transacción.
2. Facturación manipulada: El sobreprecio o subfacturación de vehículos permite justificar ingresos ilícitos o evadir controles tributarios.
3. Pagos internacionales complejos: Transferencias desde paraísos fiscales o países de alto riesgo pueden encubrir el origen del dinero.
4. Uso de intermediarios: Empresas pantalla o testaferros facilitan la importación en nombre de terceros.

Señales de alerta en operaciones de importación
- Importaciones a nombre de empresas recién creadas sin historial comercial comprobable.
- Transacciones donde el valor declarado no coincide con el valor de mercado del vehículo.
- Pagos realizados desde cuentas offshore sin vinculación aparente con el importador.
- Cambios frecuentes de propietarios apenas ingresan los vehículos al país.

Cómo deben actuar las empresas importadoras
- Implementar controles internos robustos: Monitoreo de facturación, pagos y documentación de respaldo.
- Aplicar Debida Diligencia del Cliente (DDC): Verificar origen lícito de los fondos y antecedentes de los socios comerciales.
- Establecer políticas de reporte: Cualquier operación inusual debe notificarse a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Capacitación constante: Todo el personal debe reconocer tipologías y riesgos asociados al sector automotriz.

Conclusión
La importación de vehículos y su vínculo con el lavado de dinero es un desafío que requiere acción preventiva inmediata. Las empresas que implementan buenas prácticas no solo cumplen con la Ley 1015/97 y la Resolución 196/2020, sino que también fortalecen su reputación y contribuyen a un mercado automotriz más transparente y confiable.

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