Es de saber general que muchos los narcotraficantes son fieles seguidores de las iglesias y que a pesar de encontrarse con múltiples ocupaciones siempre guardan un momento para cumplir con sus obligaciones como feligreses y para mantener estrechas relaciones con los miembros de las iglesias.

Como ejemplo, el narco Amado Carrillo tenía en Culiacán un cura de confianza llamado Ernesto Álvarez, el sacerdote católico Gerardo Montaño Rubio recibió de la banda de los Arellano Félix donaciones para construir el ostentoso Seminario del Río, en Tijuana, y el obispo de Mexicali José Isidro Guerrero Macías asegura haber bautizado a algunos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Teniendo estos vínculos en cuenta, el debate respecto a lo que esconden las iglesias, cuál es la verdadera relación entre el narco y los prelados y si se debería o no investigar el perfil del fiel que hace donaciones, ha estado siempre encima de la mesa, intensificándose a raíz de unas declaraciones del presidente del Episcopado mexicano, Carlos Aguiar en las que señalaba que narcotraficantes han financiado obras públicas en zonas rurales marginadas por el gobierno y que además han construido iglesias.

“Son muy generosos con la gente de sus comunidades, y en general instalan energía eléctrica, telecomunicaciones, autopistas y carreteras que ellos pagan", señaló Aguiar. Pero el entonces fiscal general de México, Eduardo Medina Mora, no opina lo mismo y pidió a la Iglesia Católica no “tener conmiseración” con los capos de la droga, y agregó: “estas personas no tienen ninguna generosidad, lo que están haciendo es destrozar a nuestras familias y a nuestras comunidades”.

Así pues, la metodología usada consiste en que los narcos esconden en forma de donaciones el dinero del narcotráfico y que sirve para construir edificios religiosos. Cuando el sacerdote deposita el dinero de los narcos en el banco puede alegar que es fruto de las donaciones de su parroquia con lo que al no ser la iglesia ni sus trabajadores un sujeto obligado, el funcionario lo deposita automáticamente sin realizar ningún proceso de identificación del origen de los fondos.

Una vez depositado el dinero, el monto ya se encuentra en el sistema financiero legal y pueden realizarse varias operaciones o trasferencias con normalidad.

A pesar de la gran generosidad de narcotraficantes con sus congregaciones no se puede ignorar la dudosa procedencia del dinero de tales inversiones ni las obligaciones jurídicas que todo ciudadano tiene con la sociedad. Se trata simplemente de lavado de dinero, que la ley penal define en México como “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

“La iglesia es un buen método para hacer relaciones públicas y para lavar la imagen de los narcos entre la población local, más que para lavar dinero en si”, dijo Kenneth Rijock experto antilavado y presidente de World Check. “¿Realmente existen los mecanismos legales necesarios para poder detectar si hacer una donación a la iglesia es lavar dinero?, ¿cree que un gobierno (latinoamericano) presentaría cargos contra una iglesia o un cura por lavado?”, se preguntó Rijock.

“A pesar de los casos surgidos, las iglesias no deberían ser sujetos obligados, porque son una institución de bajo riesgo”, aseguró Rijock.

Esta realidad no sólo ocurre en México sino que en otros países como Colombia ya se han iniciado procesos contra algunas congregaciones religiosas. En el año 2002, el Ministerio del Interior ordenó investigar a 1.800 iglesias católicas para determinar sus presuntos nexos con el narcotráfico y sus actividades de lavado, a pesar de que no se hayan podido concretar los resultados de dichas investigaciones.

El lavado a través del ámbito religioso

Una nueva forma de lavado de dinero utilizada por organizaciones criminales es a través de agrupaciones de carácter aparentemente religioso que tienen representaciones en varios países a la vez.

Es el caso de una agrupación originaria de Brasil llamada Iglesia Universal Reino de Dios, conocida por su lema “Pare de Sufrir”, cuyo dirigente Edir Macedo organizaba concentraciones aparentemente de carácter religioso, donde los fieles participantes otorgaban donativos.

La agrupación religiosa acudía al banco a depositar fuertes sumas de dinero en efectivo, que argumentaba haber recibido de sus fieles como donativos. Ese dinero lo movían de un banco en el país donde recaudaban hacia otra nación en el continente y a otra y otra, siempre justificando que eran donativos en efectivo y a través del banco, hasta darles un carácter aparentemente legal.

La entidad bancaria evidentemente no comprobaba la certeza de las donaciones de fieles ni los donantes habían pasado antes por un proceso de identificación en la iglesia para saber de dónde procedía el dinero que estaban donando, convirtiéndose este método en uno de los más fáciles para lavar por la dificultad de detectar el origen de los fondos.

El pastor brasilero viajaba en un avión de 20 puestos, tiene más de 100 propiedades en la región y una enorme casa en Río de Janeiro entre otros lujos todos obtenidos a través del dinero lavado.

Los antecedentes de una iglesia polémica

En julio de 2003, el ex procurador general de México Jorge Carpizo, denunció al Cardenal de Guadalajara Juan Sandoval de estar involucrado en irregularidades financieras.

El gobierno mexicano impulsó entonces una investigación después de que Carpizo alegara que el cardenal y sus subordinados podrían haber recibido donaciones de narcotraficantes para la construcción de cuatro iglesias y un refugio para inmigrantes.

El cardenal siempre negó haber cometido algún hecho delictivo y la oficina del Procurador General determinó que todos los movimientos financieros por parte del cardenal fueron legales.

Así, la oficina de la Procuraduría General de México cerró a fines de 2003 una investigación sobre lavado en contra de Sandoval, tras determinar que no había pruebas de que el prelado había lavado fondos provenientes de fuentes ilícitas.

La financiación del terrorismo entra en juego

Por otro lado, Estados Unidos no se queda atrás en este tema y además de procesar a rabinos por lavado de dinero en Nueva York, también se ha investigado a ciertas organizaciones religiosas por posible financiación del terrorismo.

Según un informe del 24 de mayo de 2007 publicado por el Servicio de Investigaciones del Congreso (por sus siglas en inglés, CRS), hay grupos que utilizan a esas organizaciones para recaudar fondos y lavar dinero, reclutar miembros y hacer propaganda de sus causas.

El informe del CRS mencionó a la Fundación Tierra Santa para Ayuda y Desarrollo, que se describía a sí misma como una organización para ayuda en casos de desastres naturales pero que su principal actividad había sido el envío de fondos a la organización terrorista Hamas, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.

En junio del año 2000, Muhahedin-e Khalq, una organización iraní, llegó a recaudar $10.000 dólares diarios en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles solicitando contribuciones de los transeúntes bajo el pretexto de donar para los refugiados de las atrocidades cometidas en Irán.

La Fundación de Benevolencia Internacional con base en Illinois ha estado también bajo la mirada por sus supuestos vínculos con la red terrorista de al Qaeda. El líder del grupo, Enaam Arnaout, está en una cárcel de Chicago como resultado de un registro en el que los agentes de la ley hallaron pruebas que lo vinculan con la red terrorista.

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Entre febrero de 2007 y febrero de 2008 cientos de inversionistas bursátiles de Europa y Asia se sintieron afortunados cuando una firma de corretaje con sede en Estados Unidos les ofreció comprarles acciones de poco valor por un monto de dinero superior al precio de mercado. La oferta era buena y el costo muy bajo, ya que sólo tenían que pagar algunos impuestos y trámites administrativos mediante una trasferencia bancaria a cuentas en Miami. Las malas noticias comenzaron luego de hacer esos pagos, cuando se enteraron de que la empresa corredora no existía y de que habían sido víctimas de una millonaria estafa de telemercadeo ejecutada desde Brasil.

Mediante una compleja y bien preparada operación, los brasileños estafaron y lavaron más de US$13.5 millones de dólares, luego de hacerles creer a sus víctimas que eran una empresa de corretaje que funcionaba bajo la supervisión de los organismos reguladores norteamericanos. Para tal fin, crearon páginas web y documentos que le daban apariencia de legalidad a sus operaciones.

Según la información proporcionada por el Departamento de Justicia, los estafadores obtuvieron ilegalmente información de empresas corredoras reales y además crearon una estructura de supuestas oficinas de reguladores que se encargaban de legitimar las operaciones falsas de la red criminal.

La red brasileña utilizó la tecnología de teléfonos VoIP (Voice over Internet) para operar desde Brasil con números y códigos de Estados Unidos, para hacer creer a sus víctimas que estaban localizados en territorio norteamericano. Esta complicada trama de falsificación, estafa telefónica y lavado de dinero fue coordinada por Doron Mukamal y una red de 17 empleados que fueron detenidos en Brasil. Mientras que la legitimación de US$13.5 millones en bancos de Estados Unidos estuvo a cargo de Rodrigo Molina, un brasileño de 33 años residente de Miami, y Neto Macchione, otro brasileño residente de Aventura (Florida).

El 25 de febrero de 2009, la Corte del Distrito Sur de Florida encontró culpable a Molina de 11 cargos en su contra, 5 de los cuales son por lavado de dinero y por los que enfrenta una condena de 20 años de prisión. Por su parte, Macchione ya fue sentenciado a 70 meses en prisión y a pagar US$1.8 millones.

Autoridades alerta

Las estafas telefónicas no son nuevas y ya han sido muchos los casos de víctimas que han sido contactadas mediante el teléfono. Sin embargo, esta metodología sigue siendo muy usada y es por eso que las autoridades norteamericanas han advertido sobre el peligro que representa para las instituciones financieras.

En el marco de un acuerdo logrado en 2008 con el Wachovia Bank por fallas en el monitoreo ALD de cuentas de empresas de telemercadeo, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) anunció que estas empresas “presentan un riesgo más elevado que otros comerciantes y que requieren una diligencia debida adicional y un monitoreo más detallado de parte de los bancos nacionales”.

Por su parte, la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés) informó en noviembre de 2008 que los bancos que prestan servicios a las compañías procesadoras de pagos para los telemercaderes y otros clientes comerciales podrían enfrentar “mayores riesgos estratégicos, de crédito, cumplimiento, transacciones y de reputación”. Las instituciones financieras que detecten de manera inadecuada actividades sospechosas podrían ser “consideradas como que están facilitando” el delito, precisó la agencia.

La guía publicada en noviembre por la FDIC probablemente no se traduzca en el cierre de cuentas, ya que los procesadores de pagos ya han implementado estándares de seguridad que les permitirá realizar mayores verificaciones sobre posibles abusos, según explicó el pasado mes de diciembre Lisa De Falco, ejecutiva de TPG TeleManagement, Inc., una compañía que monitorea las transacciones de los centros de llamadas para la industria bancaria.

Pero el fraude telefónico no sólo es un riesgo por violaciones a los controles antilavado, sino que puede ocasionar pérdidas económicas a la institución. Allen Weinberg, fundador de la consultora de pagos Glenbrook Partners, de Menlo Park, California , señala que el fraude telefónico podría afectar la estructura de base de una institución, cuando los consumidores cancelan pagos, o se les reconoce el crédito por conceptos cobrados originados en un fraude cometido en sus tarjetas de crédito.

   “Cuando se producen muchas devoluciones por parte de la institución por fraude cometido con las tarjetas de crédito, el banco va a ir al comerciante y le va a decir: Me debes todas estas devoluciones que tuve que hacer y – sorpresa – el comerciante ya no está allí”, indicó.

Cuando se detecta una sospecha de actividad fraudulenta en una cuenta de un procesador de pago, los bancos pueden querer presentar un reporte de operación sospechosa, obligar al procesador de pagos a terminar su relación de procesamiento con ese comerciante específico, o terminar la relación con el procesador de pagos, señaló la FDIC.

Otros casos emblemáticos de fraude por telemercadeo

Los tipos de estafa pueden ser muy diversos. A continuación presentamos algunos casos que muestran distintas metodologías:

-Duro golpe al Wachovia Bank: El Wachovia Bank (adquirido por Wells Fargo & Co.) pagó una multa civil de US$10 millones y US$125 millones para compensar a las víctimas de fraude por telemercadeo realizado a través de cuentas en el banco, según un acuerdo logrado con la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) en abril de 2008.

  Las compañías de telemercadeo que participaron en el fraude emitieron cheques a distancia utilizando la información de las cuentas de los consumidores, muchos de ellos de avanzada edad, obtenidas por teléfono. Los cheques fueron luego depositados por la empresa de telemercadeo y los procesadores de pagos en cuentas en el Wachovia, institución que no detectó la anormalidad. El banco obtuvo ganancias entre 1 de junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2006 por honorarios y saldos mantenidos en cuentas de las compañías involucradas en el fraude, informó la OCC en un comunicado de prensa publicado para aquel entonces.

La vocera del Wachovia, Christy Phillips-Brown, indicó que la institución implementó una política para dejar de brindar servicios bancarios a las compañías que son estrictamente de telemercadeo o procesadores de pago para empresas de telemercadeo.

-El caso AmeriNet:  En noviembre de 2005, el procesador de pago AmeriNet firmó un acuerdo con los fiscales generales de los estados de Ohio, Florida, Illinois, Carolina del Norte y Vermont por su rol en un fraude con telemercadeo. El acuerdo obligó a AmeriNet a reembolsar a los consumidores defraudados, pagarles US$10.000 a cada uno de los estados y a reforzar sus procedimientos de diligencia debida. Hasta el 80% de los débitos procesados por AmeriNet para los telemercaderes habían sido desconocidos por los consumidores, según una declaración conjunta presentada por los fiscales generales estatales en noviembre de 2005.

-Los McCorkles y los bienes raíces:  En marzo de 1998 los hermanos Willian y Chantal McCorkle fueron acusados de lavado de los ingresos provenientes de una artimaña que comprendía la venta de material de capacitación para enseñar a las personas a encontrar bienes raíces con precios bajos y poder participar en remates de propiedades organizados por el gobierno.

  William y Chantal McCorkle, directivos de esta operación multimillonaria de fraude mediante telemercadeo en Florida, fueron condenados por el delito de lavado de dinero y tuvieron que devolver US$10 millones, incluyendo US$7 millones mantenidos en una cuenta en las Islas Caimán.

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El sector comercial sigue siendo uno de los más vulnerables a los delitos financieros adelantados por el crimen organizado. Es por eso que es necesario que las empresas, negocios y comercios (mayoristas y detallistas) capaciten a sus empleados sobre las situaciones y señales de alerta que deben ser consideradas para prevenir ser víctimas de fraude, estafa y hasta lavado de dinero.

La primera línea de defensa (o de vulnerabilidad) son los empleados del “front line” (línea del frente), es decir, aquellos encargados de recibir pagos, depósitos y atender a los clientes personalmente.

A continuación presentamos una serie de recomendaciones orientadas a prevenir el fraude, mediante la identificación de señales de alerta relacionadas a la conducta de los clientes y a los distintos instrumentos financieros.

Situaciones de Alerta

El personal de los comercios y negocios que reciben clientes debe estar atento a ciertas conductas y actitudes sospechosas, que pueden ser indicios de una intención criminal de parte del sujeto. Aunque la presencia de una o varias de estas señales no son determinantes para acusar a una persona de querer cometer un hecho delictivo, es recomendable estar pendiente de las mismas.

• Cuando se quiere pagar una compra de un monto bajo (por ejemplo, US$1,75) con billetes de alta denominación (US$100, US$50).

• Cuando el cliente intenta distraer al empleado al momento de pagar.

• Los momentos más ocupados y con mayor presencia de clientes son los más utilizados por quienes intentan utilizar billetes falsos.

• Clientes que compran una gran cantidad de mercancía de distintos estilos, colores, tallas (en el caso de prendas de vestir), diversas marcas, etc., especialmente cuando el negocio no es un mayorista o distribuidor.

• Clientes con conductas extrañas justo al momento de abrir o antes de cerrar el negocio.

• Clientes que estén acompañados por un número inusual de personas que no parezcan un grupo familiar.
• Clientes que llaman por teléfono para pedir mucha información sobre sus cuentas.

• Clientes que preguntan y se muestran curiosos sobre el sistema de seguridad y de videos del negocio.

• Clientes que preguntan sobre el horario o los procedimientos utilizados para el transporte de efectivo.

-Billetes Falsos: la falsificación de billetes es un negocio altamente lucrativo y muy común. 

Las autoridades de Estados Unidos estiman que 1 de cada 100 dólares que circulan en el mundo es falso. Al momento de recibir un billete que se sospecha sea falso, el empleado debe:

• Explicarle al cliente que el billete parece ser falsificado y pedirle otro billete.

• Notificarle al cliente que el billete debe ser entregado a la policía para su verificación.

• Informarle a la policía sobre el billete falsificado.

• Evitar ponerse en riesgo.

• En caso de que reciba un billete viejo que es difícil de verificar, debe recomendarle al cliente que cambie el billete por uno nuevo en un banco.

-Tarjetas de crédito/Débito: las “tarjetas plásticas” son actualmente los instrumentos de pagos más utilizadas en el sector comercial. Por tal razón, se deben aplicar ciertas normas de prevención de fraudes:

• La máquina procesadora de pagos debe ser tratada como “efectivo”: debe estar bien vigilada y debe guardarse en un lugar seguro cuando no esté en uso. De esta forma se evitará su uso no autorizado.

• La máquina procesadora debe ser revisada frecuentemente para verificar que no tenga marcas inusuales, alteraciones o equipos conectados.

• Seguir los protocolos de seguridad establecidos para el procesamiento de los pagos: verificar los códigos de seguridad de la tarjeta, la fecha de expiración y comparar la firma de la tarjeta con la del recibo.

• Darle entrenamiento a los empleados sobre la prevención de fraudes.
• Tener material informativo sobre prevención de fraudes en las zonas cercanas a las registradoras y a las áreas de los empleados del negocio o comercio.

• La empresa debe tener políticas de “conozca a su empleado”, especialmente para las posiciones que tienen acceso al sistema de pagos electrónicos. Es necesario adelantar procesos de debida diligencia al momento de contratar al personal y chequear las referencias personales/comerciales.

• Es importante recordarle a los clientes que deben proteger su PIN o clave cada vez que la ingresan en un punto de pagos.

-Cheques Personales y/o Comerciales: aunque los cheques están siendo cada vez menos utilizados en las economías modernas, todavía en muchos países de Latinoamérica es muy común el uso de cheques personales y de empresas. Es por eso que el personal que los recibe debe:

• Siempre verificar la identidad del beneficiario o portador con un documento que tenga foto.

• Estar seguro que el nombre impreso en el cheque sea exacto al del documento de identificación.

• Revisar cuidadosamente para detectar indicios de firmas irregulares, cifras o letras borradas o perforaciones de seguridad escasas.

• Revisar las marcas holográficas, las impresiones traslúcidas, las tintas especiales y las microimpresiones.

• En el caso de los cheques de empresas, el empleado puede verificar su legitimidad llamando por teléfono a la empresa emisora o al banco que lo respalda.

-Money Orders: en los países en los que se utilizan los Money Orders (cheques al portador emitidos por distintos tipos de negocios, por ejemplo, empresas postales, estaciones de servicio, negocios de servicios monetarios, supermercados, etc.), los negocios comerciales suelen aceptarlos como si fuera efectivo. Por tal razón, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

• La validez de los Money Orders (MO) puede ser verificada telefónicamente por la empresa emisora.

• Es necesario ser cauteloso, porque muchas veces el falsificador imprime en el MO un número telefónico falso creado solo para constatar su supuesta “legalidad”. Para evitar riesgos, el empleado debe contar con un listado de las empresas emisoras de MO y sus teléfonos de verificación.

• Usualmente los MO tienen impresiones y líneas de verificación como los billetes.

• En la mayoría de los países existen límites en los montos para la emisión de los MO. Usualmente el límite máximo es de US$1.000.

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 Las instituciones financieras que deseen mantener acceso al sistema financiero estadounidense deben cumplir, entre otras regulaciones, con la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas e Incautaciones contra Irán de 2010, mejor conocida como CISADA.

Presentamos “en español” un documento emitido por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en el que responde las preguntas e inquietudes más frecuente que han hecho distintos sectores en torno a esta legislación.

Disposiciones Financieras de "CISADA" Las Nuevas Sanciones a Irán Administradas por el Departamento del Tesoro de los EE.UU.

Preguntas y respuestas

  En junio de 2010, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) adoptó la Resolución 1929 - la cuarta de una serie de resoluciones (RCSNU) que impone sanciones a Irán por sus actividades nucleares. Entre sus medidas, la Resolución 1929 incluye disposiciones para la congelación de determinados activos y hace un llamamiento a todos los Estados a impedir la prestación de servicios financieros en aquellos casos en que el Estado tenga motivos razonables para creer que dichos servicios financieros podrían contribuir con las aspiraciones nucleares de Irán.

   La resolución también advierte sobre la necesidad particular de ejercer una vigilancia sobre las transacciones con bancos de Irán y la posible relación entre la industria de energía de Irán y la financiación de sus esfuerzos nucleares. 

  Desde la aprobación de la Resolución 1929, la Unión Europea y países como Canadá, Japón, Corea del Sur y Australia han promulgado normas de barrido que limitan en gran medida el acceso de Irán a sus sistemas bancarios y financieros.

  El 1 de julio de 2010, el presidente [de Estados Unidos, Barack Obama firmó la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas e Incautaciones contra Irán de 2010 (CISADA). Esta ley se basa en la Resolución 1929 y fortalece las actuales sanciones de los EE.UU. con respecto a la industria energética iraní, y añade la posibilidad de imponer serias limitaciones al acceso de instituciones financieras extranjeras al sistema financiero de EE.UU. cuando realicen ciertas transacciones que involucren a Irán. 

  CISADA es consistente con el consenso mundial respecto a la conducta iraní y está en consonancia con el papel central del gobierno de los EE.UU. de proteger su sistema financiero interno de la exposición a las prácticas financieras ilícitas y engañosas de Irán.

   Las disposiciones financieras de CISADA se implementan a través del Reglamento de 

Sanciones Financiera a Irán (IFSR por sus iniciales en inglés), que el Departamento del Tesoro emitió en agosto de 2010. 

  El IFSR prohíbe a las entidades de propiedad o controladas por instituciones financieras de los EE.UU. que, a sabiendas, se involucren en operaciones con o que beneficien a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Además, las instituciones financieras extranjeras que realicen ciertas operaciones con personas y empresas específicas y preocupantes vinculadas a Irán se arriesgan a perder su acceso al sistema financiero de los EE.UU.

  Bajo el IFSR, la Secretaría del Tesoro puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o mantenimiento en los Estados Unidos de cuentas corresponsales o cuentas de identidad subrogada a instituciones financieras extranjeras que la Secretaría descubra que a sabiendas participan en una o más actividades sancionables.

Preguntas Frecuentes

P1. ¿Cuáles son las actividades de las instituciones financieras extranjeras que las pueden exponer a las sanciones de CISADA?

R1: Como se describe en el IFSR, las actividades punibles de una institución financiera extranjera son:

•        Facilitar los intentos del Gobierno de Irán de adquirir o desarrollar Armas de Destrucción Masiva (ADM) o sistemas de entrega de ADM o apoyar a organizaciones terroristas o a actos de terrorismo internacional;

•        Facilitar las actividades de personas sujetas a sanciones financieras de conformidad con las RCSNU 1737, 1747, 1803 o 1929, o cualquier otra resolución del Consejo de Seguridad que imponga sanciones con respecto a Irán;

•        Involucrarse en la actividad de lavado de dinero o facilitar los esfuerzos del Banco Central de Irán o de cualquier otra entidad financiera iraní para llevar a cabo cualquiera de las actividades de facilitación descritas anteriormente; o

•        Facilitar una transacción o transacciones de montos importantes o proveer servicios financieros significativos a: (I) la Guardia Revolucionaria Islámica o a cualquiera de sus agentes o filiales cuya propiedad y derechos de propiedad estén bloqueados de conformidad con la Ley de Facultades Económicas Internacionales de Emergencia (IEEPA); o (ii) cualquier institución financiera cuya propiedad y derechos de propiedad estén bloqueados en virtud de la IEEPA en relación con la proliferación de ADM de Irán, la proliferación de Irán de sistemas de entrega de ADM o el apoyo de Irán al terrorismo internacional.

P2. ¿Dónde puedo obtener una lista de afiliados a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de instituciones financieras vinculadas a Irán "bloqueadas en virtud de IEEPA"?

R2: La lista de bloqueados afiliados a la Guardia Revolucionaria Islámica e instituciones financieras bloqueadas vinculadas a Irán es dinámica y se basa en la identidad de personas "designadas", que se refiere tanto a personas físicas (es decir, individuos) como a personas jurídicas (empresas y otras entidades). La lista más reciente de personas designadas, que incluye a la mayoría, pero no a todas las entidades bloqueadas, se puede encontrar enwww.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx. Las entidades designadas relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica contienen la etiqueta [IRGC], las instituciones financieras designadas vinculadas a Irán contienen la etiqueta [IFSR].

P3. ¿Cómo define el IFSR a las "instituciones financieras de los EE.UU."?

R3. La IFSR incluye entre las "instituciones financieras de los EE.UU." las siguientes: instituciones de depósito, bancos, bancos de ahorro, empresas de servicios monetarios, sociedades fiduciarias, compañías de seguros, corredores y agentes de bolsa, bolsas de comercio, empresas de clearing, compañías de inversión, planes de beneficios para empleados y empresas de holding de los EE.UU., filiales o subsidiarias en los EE.UU. de cualquiera de estas entidades. Entre las instituciones cubiertas se incluyen las sucursales, oficinas y agencias de aquellas instituciones financieras extranjeras que se encuentran en los Estados Unidos.

P4. ¿Cómo define el IFSR a las "instituciones financieras extranjeras"?

R4. El IFSR incluye entre las "instituciones financieras extranjeras" a las instituciones de depósito, bancos, bancos de ahorro, empresas de servicios monetarios, sociedades fiduciarias, corredores y agentes de bolsa, bolsas de comercio, empresas de clearing, compañías de inversión, planes de beneficios para empleados y empresas de holding, filiales o subsidiarias de cualquiera de estas entidades.

P5. ¿Cómo define el IFSR el término "a sabiendas"?

R5: El término "a sabiendas" en la forma que lo utiliza el IFSR significa que una persona tenga conocimiento real o debiera haberlo tenido sobre una conducta específica, circunstancia o resultado. En otras palabras, se podría aplicar el IFSR si el Departamento del Tesoro concluye que una institución financiera extranjera sabía o debería haber sabido que ha estado involucrada en una o más de las actividades sancionables.

P6. ¿Cómo determina el Departamento del Tesoro si una transacción o servicio financiero es "significativo" a los efectos del IFSR?

R6: Según lo establecido en el IFSR, para determinar si una transacción o servicio financiero es "significativo", el Departamento del Tesoro podrá tener en cuenta: (1) el monto, número, frecuencia y naturaleza de la transacción(es); (2) el nivel de conocimiento de la gestión de la transacción(es) y si la transacción(es) es o no parte de un patrón de conducta; (3) el nexo entre la institución financiera extranjera involucrada en la transacción(es) y el individuo o entidad bloqueada relacionada con la Guardia Revolucionaria Islámica o la institución financiera bloqueada vinculada a Irán; (4) el impacto de la transacción(es) en los objetivos de CISADA; (5) si la transacción(es) incluye alguna práctica engañosa; y (6) cualquier otro factor que el Departamento del Tesoro estime pertinente en cada caso.

P7. ¿Cuando se harán efectivas las prohibiciones y condiciones estrictas sobre cuentas corresponsales o cuentas de identidad subrogada de instituciones financieras extranjeras en los Estados Unidos?

R7: Es necesario que el Departamento del Tesoro llegue a la conclusión de que una institución financiera extranjera se está involucrando “a sabiendas” en una o más actividades sancionables para que pueda prohibir o imponer condiciones estrictas a esa institución financiera extranjera, para la apertura o mantenimiento en los Estados Unidos de cuentas corresponsales o cuentas de identidad subrogada.

P8. ¿Cómo se enterarán las instituciones financieras extranjeras y las de los EE.UU. que el Departamento del Tesoro ha llegado a tal conclusión?

R8: Por lo general, el Departamento del Tesoro se contactará con las instituciones financieras extranjeras para interrogar sobre su conducta antes de pronunciarse. Si el Departamento del Tesoro decide imponer condiciones estrictas, emitirá una orden o norma que establece la condición estricta que se impone a las cuentas corresponsales o cuentas de identidad subrogada en los EE.UU. de las correspondientes instituciones financieras extranjeras y publicará la orden o norma en el Registro Federal. El Registro Federal está disponible en www.gpo.gov/fdsys/.

Si el Departamento del Tesoro decide prohibir la apertura o mantenimiento de cuentas corresponsales o cuentas de identidad subrogada en EE.UU. de una determinada institución financiera extranjera, éste agregará el nombre de dicha institución financiera extranjera al Apéndice del IFSR y lo publicará en el Registro Federal.

P9. ¿Cómo hará el Departamento del Tesoro para hacer cumplir el IFSR con respecto a entidades en los EE.UU.?

R9. Cualquier persona en EE.UU. que viole las disposiciones de cuentas corresponsales del IFSR puede recibir una multa de hasta el monto mayor entre US$250.000 o el doble del monto de la transacción, y sanciones penales por violaciones intencional de hasta US$1 millón y 20 años de prisión. Las instituciones financieras en los EE.UU. pueden recibir una multa de hasta el monto mayor entre US$250.000 o el doble del monto de la transacción, si alguna persona que posee o controla viola la prohibición del IFSR de realizar cualquier transacción con o que beneficie a la Guardia Revolucionaria Islámica o a cualquiera de sus agentes o filiales, cuya propiedad y derechos de propiedad estén bloqueados en virtud de IEEPA, siempre que la entidad financiera en los EE.UU. sepa o debiera haber sabido que la persona violó el IFSR.

P10. ¿Puede el Departamento del Tesoro dispensar el cumplimiento de cualquier parte del IFSR?

R10. La CISADA incluye una exención de las sanciones previstas en el IFSR cuando la Secretaría del Tesoro determine que esta exención es necesaria a los intereses nacionales de los Estados Unidos.

P11. ¿Dónde puedo encontrar el texto de la IFSR?

R11. El texto de la IFSR se puede encontrar en: www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ fr75_49836.pdf.

Nota: Este documento no constituye asesoría legal sobre las disposiciones de la CISADA. Su objetivo es proporcionar una visión general de algunas disposiciones de la CISADA que el Departamento del Tesoro implementa y/o administra.

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Los mejores gerentes de cumplimiento hacen una cosa muy importante: Evitar los errores (costosos) cometidos por aquellos que no siguen las reglas antilavado.

Esos errores –apodados los “siete pecados capitales”- han estado presentes en legendarios casos de lavado de dinero, que significaron sanciones y muchos problemas para instituciones como el ABN Amro, AmSouth Bank, Arab Bank y Oppenheimer & Co.

Tanto reguladores como consultores expertos afirman que toda estructura antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo debe estar configurada para evitar los siete errores capitales, sin importar el tamaño de la empresa, su mercado y sus tipos de productos:

1. No estar preparado para las revisiones de los reguladores

El exceso de confianza, la falta de capacitación del personal, la escasez de recursos (técnico y humano) y hasta la subestimación del poder sancionatorio de los entes reguladores son algunas de las causas más comunes de que los sujetos obligados no estén preparados para las examinaciones y auditorías. “Los bancos deberían ocuparse de los temas de interés en los niveles más bajos antes de que lleguen los reguladores”, considera Bob Serino, abogado especializado en regulación y cumplimiento.

Varias instituciones sancionadas en Estados Unidos hubieran podido evitar multas importantes solo con monitorear adecuadamente a los productos riesgosos y evaluando sus programas antilavado de dinero (ALD), dos principios básicos del cumplimiento ALD bancario.

ABN Amro pagó US$80 millones en sanciones en el año 2005 –la más alta aplicada por violaciones a la Ley de Secreto Bancario (LSB) para aquel entonces– a los reguladores de EE.UU. por engañar a los examinadores acerca de sus esfuerzos de cumplimiento ALD. El banco participó en letras de cambio y pagó cheques el Arab Bank relacionados a inversiones y transacciones de comercio exterior usadas como pantalla por el gobierno libio; también procesó transferencias cablegráficas para el Bank Melli Iran, que estaban asociadas al gobierno iraní; y mantuvo cuentas corresponsales con compañías pantalla rusas.

 Oppenheimer & Co. pagó a la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) y a la Bolsa de Valores de Nueva York (por sus siglas en inglés, NYSE) US$2,8 millones en sanciones por programas ALD inadecuados. La Comisión de Valores de EE.UU. (por sus siglas en inglés, SEC) y la NYSE advirtieron a la compañía sobre sus deficiencias de cumplimiento en el 2001, pero encontraron los mismos problemas en las revisiones del 2003 y del 2004.

Para evitar tales problemas, las instituciones deberían realizar pre-revisiones internas que detallen sus clientes, productos, servicios y sus ubicaciones geográficas y evalúen los riesgos de cada una antes de que los reguladores lo hagan.“Los examinadores buscan eso y basan sus evaluaciones en su propia evaluación del riesgo”, dijo Serino. “Si usted no lo hizo, ellos lo harán por usted”.

2. Programas ALD que cubran sus riesgos

Los reguladores de EE.UU. aplican la mayor parte de las acciones de cumplimiento por la omisión en la implementación de los programas ALD que monitorean a los bancos corresponsales extranjeros y las personas expuestas políticamente, dijo Ann Jaedicke, de la Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OCC).

La sucursal de Nueva York del Arab Bank, de Jordania,  que autorizó transferencias de dinero del exterior para miembros fuera de EE.UU. del Arab Bank Group y sus bancos corresponsales,  no identificó, investigó, ni reportó transferencias sospechosas de fondos realizadas por individuos que no tenían cuentas. Como consecuencia, pagó US$24 millones a la OCC y al FinCEN en el 2005.

 En ese entonces, FinCEN indicó que las ubicaciones de los domicilios de los clientes, sucursales y corresponsales del banco, y su gran volumen de transferencias de fondos, presentaron riesgos de lavado y financiación del terrorismo, y sus programas deberían haber coincidido con esos riesgos.  El banco también omitió verificar transacciones con las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

3. Ignorar señales de problemas

Algunas veces las actividades sospechosas son simplemente obvias… y AmSouth Bank pagó un precio alto por ignorarla en el 2004. Sus controles ALD deficientes y la omisión en la capacitación de su personal hicieron posible que dos hombres de Mississippi defraudaran a al menos unas 42 personas por millones de dólares a través de cuentas de inversión falsas.

El banco presentó un reporte de actividad sospechosa en el caso dos años más tarde y en forma inexacta.  Pagó US$10 millones a FinCEN, y el Departamento de Justicia le confiscó US$40 millones por ignorar ocho citaciones de gran jurado federal.

Cuando las instituciones financieras ocultan registros, “usted debe preguntarse qué más tienen allí”, dijo Cynthia Eldridge, asistente del fiscal que investigó el caso.

4. No identificar y monitorear a los clientes de alto riesgo

Identifique a los clientes riesgosos revisando quiénes son y qué están haciendo “por medio de un trabajo de investigación a la antigüa y de documentos públicos”, dijo David Caruso, de la firma consultora Dominion Advisory Group consulting. Incluso pequeñas investigaciones internas de clientes riesgosos o situaciones sospechosas pueden evitar problemas mayores y más sistemáticos. “Si usted no tiene la capacidad de identificar a los clientes de alto riesgo, usted no puede tener un programa de reporte efectivo”, afirmó el experto.

5. Ceguera voluntaria ante la actividad sospechosa

La ceguera voluntaria se da “cuando está ocurriendo algo justo delante de su nariz y usted dice “Yo no sabía”, dijo Eldridge. AmSouth hizo eso al cobrar una comisión anual de US$2.000 a los estafadores por cada cuenta de inversión falsa.

6. Permitiendo transferencias cablegráficas riesgosas

Para evitar los contratiempos del Arab Bank, Jaedicke recomienda una capacitación amplia y el monitoreo de las actividades cablegráficas. Si es una institución de mediano tamaño y se incrementa la actividad cablegráfica, invierta en un sistema automático, dijo, y tenga auditores independientes para verificar que están monitoreando adecuadamente estas operaciones. “Usted necesita contarle su historia a su regulador. Explíqueles sus programas y por qué cree que son buenos”, indicó Jaedicke.

7. Cumplimiento ALD barato

La falta de recursos financieros es una de las principales causas de problemas en el cumplimiento de las normas y estándares internacionales ALD / CFT. Grandes, medianas y pequeñas instituciones siguen considerando a los departamentos antilavado como un área de costos injustificados.

Si las instituciones no invierten en programas de cumplimiento, los reguladores les aplicarán sanciones y, tal vez, restringirán sus líneas de negocios, advirtió Jaedicke.“Si usted observa algunos ejemplos [de fallas de cumplimiento], ellos son consecuencia más de la negligencia y falta de comprensión de los riesgos” por parte de la gerencia bancaria, dijo Caruso. “No sea barato o pagará mucho más después”.

“El año pasado la junta directiva no aprobó US$ 90.000 necesarios para implementar un nuevo software de monitoreo y control por considerar que era mucho dinero. Consideraron más prudente contratar a una empresa desarrolladora para hacer una aplicación propia y luego de casi un año de proceso, todavía no tenemos la solución lista, se han gastado más de US$ 60.000 y ya recibimos una primera advertencia del regulador”, afirmó un oficial de cumplimiento de un banco de México.

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Todas las leyendas y certezas que giran alrededor de la mítica estrella estadounidense Frank Sinatra y sus vínculos con la mafia, es quizás uno de los antecedentes más emblemáticos de cómo el crimen organizado puede llegar a enmascararse en el mundo del espectáculo, para lavar dinero.

El proceso judicial que encara el dominicano Franklin Romero, productor y dueño del grupo de bachata Aventura, acusado por la Fiscalía de Nueva York de presuntamente liderar una red de narcotráfico y de organizar operaciones de lavado de dinero, encendió inmediatamente las alertas del binomio: mafia-espectáculo.

Es por eso que las entidades bancarias deben establecer niveles de riesgos más elevados para los cantantes, grupos musicales y sus representantes, según indicó a Lavadodinero.com el entonce , la oficial de cumplimiento de Bancamerica (República Dominicana), Claudia Alvarez Troncoso.

Alvarez está convencida- sin alusión alguna al caso Romero- que el “narcotráfico está definitivamente infiltrando el mundo del espectáculo para lavar grandes cantidades de dinero”.

La experta considera que las agrupaciones musicales y sus representantes son un riesgo elevado para las entidades bancarias, por lo cual para disminuir estos niveles de riesgo sugiere una “Debida Diligencia Ampliada”, en especial para los representantes de los grupos musicales.

El objetivo es poder tener un “conocimiento más completo y global de quiénes son y la procedencia real de sus fondos”, aseguró Álvarez.

Las transacciones en efectivo superior a los US$ 10 mil deben estar respaldadas por un reporte, en donde además el cliente complete un formulario de origen de fondos declarando que la procedencia de los fondos es lícita, sugiere la consutora.

En el proceso que enfrenta Romero no existe la mínima vinculación de sus supuestas acciones delictivas con el grupo de estrellas que maneja, entre las que se encuentran Eddy Herrera, Anthony Santos, Watson Brasoban, Eddy K, Joaquín, Ingco Crew y Rita Indiana.

Martín Cuevas, Gerente General y representante legal del sello discográfico Premium Latin Music, dijo que “Aventura no tiene nada que ver con lo sucedido al dueño de la compañía con la cual están firmados, tampoco el resto del catálogo de artistas”.

El caso Romero

Franklin Junior Romero, quien es propietario del sello discográfico Premiun Latin Music, Inc., fue detenido por la Interpol que dio cumplimiento a una orden de arresto emitida desde el año 2000 por autoridades estadounidenses, cuando huyó a República Dominicana.

Romero fue capturado cuando intentaba entrar a Panamá el pasado 22 de febrero de 2011. De allí fue trasladado a Nueva Jersey (EE.UU), luego de mantenerse por más de una década en la categoría de prófugo.

El promotor artístico quien se declaró inocente de los cargos ante la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, en una audiencia celebrada el pasado 3 de marzo, obtuvo la aprobación de su libertad bajo fianza al pagar US$ 2 millones.

Un comunicado publicado por la empresa disquera dice que desde el 17 de agosto de 2006 se contrató al abogado neoyorkino Jack G. Golberg con la intención de resolver el caso y limpiar el nombre del hoy imputado. Además, el informe asegura que el empresario discográfico sería absuelto de los tres cargos criminales que se le imputan.

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Uno de los principales problemas de los proveedores de transferencia de fondos tradicionales- como bancos, casas de cambio o de remesas- es el limitado acceso a las instalaciones para recibir o enviar el dinero, especialmente para las personas más pobres que viven en las zonas rurales de los países en desarrollo. Pero cuando tienes un teléfono móvil, puedes hacerlo y no tienes que ir a ninguna parte, porque los teléfonos móviles ya no son sólo para hablar.

Mucha gente que no tiene cuenta bancaria, sí tiene teléfono celular. Los teléfonos móviles también superan significativamente el número de cajeros automáticos, lo que les da a los operadores de telefonía móvil un nivel de alcance mucho más grande que a los proveedores tradicionales de transferencia de dinero, como bancos y casas de remesa, que además tienen costos más elevados: locales, oficinas, gastos de personal, costos bancarios y tienen costos altos para las transferencias y remesas. 

Con la tecnología de banca móvil, un trabajador migrante puede hacer el pago al teléfono móvil de su pariente con solo un mensaje de texto, evitando así las altas comisiones cobradas por otros en el mercado.

En un análisis hecho por Towergroup, una empresa estadounidense de analistas independientes, los expertos dicen acerca de los pagos con el teléfono móvil: 

"…esperamos que los teléfonos móviles hagan para los servicios financieros, lo que el Apple iPod hizo para la música: impulsar un cambio radical en la manera como los consumidores accedan a los servicios y en la manera como los proveedores los entregan". Es decir, están hablando de un cambio tremendo y creo que van a tener razón.

Pero el rápido avance de la tecnología, la interesante fusión entre el sector de teléfono y el sector financiero -uno más regulado en el tema de lavado de activos que el otro- y la falta de leyes y regulaciones, producen que las transferencias de dinero sean rápidas, baratas, en cualquier lugar, en cualquier momento y por cualquier persona que posea un teléfono móvil.  

Esto es una buena noticia si eres una persona honorable, pero es también una buena noticia si eres un criminal, un narcotraficante, jefe de la mafia o un terrorista. ¿Por qué? Porque ahora, mover dinero sucio de una persona a otra, de un país a otro, sin que nadie lo note es mucho más fácil.

Los pagos móviles, especialmente cuando se permiten de persona a persona, no sólo sirven para los trabajadores migrantes transferir dinero a sus familias, pero podrían quizá también ofrecer a los traficantes de drogas o terroristas una manera segura para enviar dinero. 

Ahora se puede tener acceso y transferir fondos a través de un teléfono celular o PDA –sin un banco o una tarjeta requiriendo identificación del cliente. Los teléfonos celulares, especialmente los de modalidad prepago que se pueden comprar de manera anónima y cargar con efectivo para pagar los minutos, han sido vinculados con actividad criminal y de terroristas.

De acuerdo al Departamento de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, "ya hay indicios de que los lavadores de dinero y financistas de terroristas harán uso de los nuevos sistemas de banca móvil.”

Definitivamente hay peligros de abuso, pero estos dependen mucho del tipo de servicio y de los montos que se pueden transferir. Es decir, en la banca móvil hay diferentes tipos de servicio y cada uno viene con diferentes riesgos.

Dos extremos del espectro

Vamos a ver a los dos extremos del espectro. Primero tenemos el servicio más sencillo: utilizar el celular para consultar el saldo en la cuenta bancaria y otros servicios similares. Por ejemplo, estás en una tienda y no sabes cuánto dinero tienes en tu cuenta. Mandas un mensaje de texto a tu banco y en un instante sabrás si puedes usar la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito (o si tienes que devolver todos tus compras!). Hay poco riesgo de lavado de activos en esto. No se puede transferir valor o dinero con este producto de la banca móvil.

Vamos al otro extremo: el “M-Wallet”. Este producto es como una billetera en tu teléfono móvil que no sólo te permite retirar dinero para pagar por bienes y servicios, sino que también permite depositar dinero en tu celular. El cliente no necesita tener una cuenta bancaria. La adopción del “M-Wallet” hasta podría eliminar la necesidad de llevar dinero en efectivo, visitar un cajero, enviar transferencias electrónicas o incluso utilizar una tarjeta de crédito. 

Es de gran utilidad para la persona con buenas intenciones, pero también conlleva riesgos grandes para el blanqueo de dinero. En general, mientras los modelos de servicio tienen menos en común con los modelos tradicionales de servicios financieros, es más el potencial de aumento de inclusión financiera para la gente que antes no tenía acceso a los servicios bancarios, pero también es más su riesgo asociado para el lavado de activos.

Particularmente en los países en vías de desarrollo, como América Latina, es importante encontrar un equilibrio entre la conveniencia y la accesibilidad de la banca móvil para mucha gente que tiene acceso a los bancos tradicionales y la necesidad de proteger contra el uso indebido.

Algunos Límites

Al establecer un programa de control de lavado de activos, tanto en un banco tradicional que ofrece el servicio de la banca móvil, como en las empresas que ofrecen las nuevas tecnologías de “M-Wallet”,  se debería usar limites apropiados en los montos que se pueden transferir.

Ejemplos de límites observados para pagos móviles (en US$)

	Africa del Sur	Filipinas	Brasil	Malasia	Hong Kongy Macau
Límite por transacción	$714	--	$550 – $5.500	$150(m-money)	Varía por banco y depende si la transferencia es dentro del mismo banco.
Límite diario (in/out)	$714	$800	$550 – $5.500	$150(m-money)
Límite mensual (in/out)	$3,570	$2,000	--	--	--
Balance máximo	$3.570	$2.000	n/a	$150(m-money)	$130(tarjeta prepago)

Fuente: Integrity in Mobile Phone Financial Services -World Bank Working Paper (2008)

Basado en riesgo

Se recomienda usar un método de control basado en los riesgos. El enfoque basado en el riesgo significa que se necesita hacer una rigurosa evaluación de los riesgos, para ver dónde sus productos o servicios son más vulnerables al lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Al saber los riesgos, se asigna los recursos y atención a las zonas de mayor riesgo de blanqueo de capitales y se reduce la inversión de controles en áreas de menor riesgo.

Utilizando un enfoque basado en el riesgo, se debería identificar y evaluar la geográfica de los clientes, la línea de negocio y las características de los productos. Con respecto a la geografía, aquí en América Latina empezamos mal. Según el informe emitido en el 2010 por el Departamento de Estado de EE.UU., muchos países de América Latina están en la lista de “principales países de blanqueo de capitales”. La lista incluye a Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Adicionalmente, Ecuador había sido puesto en una nueva lista negra emitida a comienzos del 2010 por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización mundial basada en Paris para el control de lavado de activos.

En este sentido, más nos servirá enfocarnos en las características de los productos de la banca móvil para saber qué controles hay que usar. ¿Qué tipo de transferencias se puede hacer? ¿Se pueden hacer transferencias internacionales? ¿Cuáles son los montos límites?

Monitoreo

También se debería monitorear las transacciones efectuadas para detectar actividades sospechosas. Ya que los montos en general no son grandes, deberíamos buscar otras maneras de hacer este trabajo. Se podría trabajar con “promedios” y ver si los usuarios se salen de lo que es “usual.”

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     Uno de los aspectos más cruciales de una sólida estructura antilavado de dinero es el chequeo de los nombres de los clientes, empleados y proveedores en las listas de personas y entidades designadas. 

Son muchos los problemas que los sujetos obligados pueden tener con los reguladores nacionales, internacionales, con la banca corresponsal y con el resto del sistema financiero mundial si el sistema de monitoreo no detecta una coincidencia de un cliente con una persona incluida en algunas de las “listas negras”, como la de OFAC, o los servicios privados, como el de World-Check. 

Pero uno de los grandes retos que enfrentan las empresas es cómo hacer un monitoreo continuo de tantos clientes y/o de tantas operaciones. Definitivamente los sujetos obligados deben contar con programas antilavado que integren el chequeo contra listas dentro de las actividades rutinarias de monitoreo y control que son ejecutadas por la aplicación.

Este chequeo debe realizarse de forma programada, automática y frecuente.

La necesaria automatización integral de los procesos

     Para reducir los riesgos operativos, los software antilavado deben ser los encargados de cumplir ciertas funciones y deben tener ciertas capacidades:

• Detectar las coincidencias en las listas negras de forma automática.
• Emitir alertas por coincidencias.
• Contar con un “flujo de trabajo” (Workflow) establecido para cada tipo de alerta, por ejemplo, si es una coincidencia con la Lista OFAC debe procesarse de una forma distinta a si es una coincidencia de un cliente con una lista de PEPs.
• Minimizar los “falsos positivos” mediante la posibilidad de ajustar el nivel de coincidencias,
• Evitar la repetición de las alertas sobre un mismo sujeto / empresa, a menos que se produzca algún cambio en la información de las listas negras.
• Integrar listas de distintas fuentes, incluso base de datos internas de la empresa.

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