Un sistema de monedas virtuales que ha emergido para ser usado como una alternativa al efectivo pudiera ser un vehículo para los criminales que andan buscando la forma de realizar transacciones internacionales de forma anónima, según algunos investigadores.

Bitcoin, un sistema de pago electrónico creado en enero de 2009 por un programador anónimo conocido por el seudónimo de Satoshi Nakamoto, permite a los usuarios y comerciantes realizar transacciones a través de moneda digital, con o sin la ayuda de procesadores de pago o de instituciones financieras.

“El diseño de Bitcoin permite poseer y transferir valor anónimamente. Las monedas pueden ser guardadas en cualquier ordenador en la forma de un archivo "de bolsillo", o con un tercero que ofrezca el servicio de almacenar ese archivo. En cualquiera de los casos bitcoins pueden ser enviadas por medio de Internet a cualquiera que tenga una "dirección Bitcoin", señala la página wiki de la empresa.

Aunque el proyecto se mantiene relativamente pequeño, ya ha cautivado a usuarios, incluyendo vendedores internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) como la Electronic Frontier Foundation, la cual acepta donaciones caritativas en esa moneda virtual. Los desarrolladores de Google han recibido la autorización para investigar la moneda, que es valorada en US$ 5 millones, según las estimaciones hechas por www.mtgox.com.

La moneda fue, "sin duda, desarrollada con fines altruistas por gente consciente y las razones para querer el anonimato financiero que [Bitcoin] otorga son perfectamente legítimas, legales y filosóficas; pero la realidad es otra y puede ser un sueño para los chicos malos”, advirtió Steve Santorelli, director de la firma de seguridad Team Cymru.

Utilizando diversos correos electrónicos y servidores proxy anónimos para ocultar su ubicación, los criminales pueden abrir una cuenta nueva de Bitcoin para cada transacción y asegurarse de que sus movimientos de dinero son “virtualmente a prueba de bombas e imposible de rastrear para un investigador”, dijo Santorelli, quien fue detective de crimen cibernético de Scotland Yard y gerente de investigaciones del equipo de crímenes de internet de Microsoft.

Dado a que los usuarios de Bitcoin puede ocultar sus locaciones mientras realizan transacciones de sumas grandes de dinero con la ayuda de vendedores y procesadores de pago offshore, “las órdenes de los tribunales y citaciones de los tribunales para investigar las transacciones serán obsoletas”, agregó el experto, quien indicó que “el sistema internacional y descentralizado significa que, a diferencia de una institución financiera, no hay nadie para atender la orden de la corte. Si el sistema sale, será virtualmente imposible para la policía, requiriendo un replanteamiento en la forma de adelantar la investigación”. 

Dinero de la nada

A primera vista, el origen y el valor detrás de Bitcoin probablemente parece extraño para algunos. Pocos, o quizás ninguno, se han reunido con Nakamoto, aseguró Gavin Andresen, director de la organización durante una entrevista el 15 de marzo con EconTalk. El control de la organización es descentralizado y se basa en la premisa de que todos los usuarios puedan tener voz y voto en las decisiones monetarias.

"La raíz del problema con las monedas convencionales es la confianza que se requiere para hacer que funcionen”, escribió Nakamoto en un blog en febrero 2009. "El Banco Central debe ser de confianza para no devaluar la moneda, pero la historia de las monedas está llena de violaciones de esa confianza”.

Como bitcoin trabaja es “un paso más allá de cualquier sistema de pago que he visto”, dijo Santorelli. La moneda, que es comercializa a través de un software que cualquiera puede descargar, no está respaldada por metales preciosos u otra materia prima, pero descansa en el hecho de que es aceptada por un grupo de consumidores y vendedores, cuyas transacciones son examinadas de forma voluntaria por unos y otros. La moneda es negociada tanto por encima como por debajo del dólar estadounidense.

Para obtener Bitcoins, los usuarios pueden comprar monedas a una compañía participante o trata de ganar un lote de 50 monedas recién emitidas al resolver un rompecabezas criptográfico de una forma que pueda ser evaluado por otro usuario. Los rompecabezas son generados por un algoritmo diseñado para crear los problemas solucionables a un ritmo de una vez por cada 10 minutos, estableciendo así un ritmo constante en la creación de la moneda.

Entre otros métodos, las monedas se pueden canjear por tarjetas prepagadas Visa, créditos en PayPal, efectivo enviado por correo, moneda digital que se utiliza en el sitio en línea Second Life y los metales preciosos y monedas, según explica en su página web (https://en.bitcoin.it/wiki/Trade).

Las monedas también pueden ser comercializadas entre usuarios o gastadas con cerca de miles de vendedores que actualmente aceptan la moneda digital, incluyendo negocios de electrónica, vendedores de ropa y tiendas de libros. Entre aquellos que aceptan la moneda hay un puñado de comerciantes que tienen por objeto la venta de drogas psicoactivas, incluyendo la heroína y el LSD, y más de una docena de juegos de azar en línea, de acuerdo a la página de Wiki.

Un comunicado publicado en la página web de Bitcoins dice que “algunas veces solo se quiere enviar dinero desde A hasta B sin preocuparse acerca de los límites y las políticas”.

¿Es cómo efectivo?

Controles contra el uso indebido ya están integrados en el sistema, que funciona como un "proyecto muy poco organizados de código abierto”, dijo Andresen, en su entrevista con EconTalk . Debido a que el software es un “código abierto” y los movimientos de dinero son hechos mediante una plataforma pública que cualquiera puede revisar, los usuarios tienen la posibilidad de comprobar si sus compañeros se han involucrado en actividades sospechosas o han tratado de burlar el sistema, indicó. Actualmente entre miles individuos participan del proyecto.

"Al igual que dinero en efectivo, Bitcoin se puede utilizar para bien y puede ser usado para mal”, según Jeff Garzik, un desarrollador y creador de www.BitcoinWatch.com, un sitio Web que sigue las tendencias financieras de Bitcoin. Ya que las operaciones son públicas y rastreable, la moneda es "un poco menos anónima” que el dinero en efectivo.

“En la práctica, esto provee anonimato para el promedio de las transacciones, pero un gobierno con poder para citaciones y la habilidad para realizar análisis de estadísticas puede estar en capacidad de rastrear la actividad de Bitcoin con un mayor promedio de éxito que con las transacciones de dólares estadounidenses”, indicó Garzik.

“Cada transacción realizada en Bitcoin es pública y la vida de cada Bitcoin es grabada para que el público la pueda ver”, precisó Garzik refiriéndose a la página www.blockexplorer.com, el cual se especializa en registrar cada transacción con un número único.

Nada los parará

Incluso en los casos en que se descubre la maldad, la naturaleza descentralizada de la organización la hace "muy difícil para el gobierno regularla, y puede requerir que sólo se enjuicie a los individuos, en vez de a Bitcoin en su conjunto", según Tom Kellerman, vicepresidente de concienciación sobre la seguridad y asuntos gubernamentales para Core Security Technologies.

Aunque tanto el efectivo como los Bitcoins ofrecen un grado de anonimato, difieren en un aspecto clave: la rapidez con que se pueden transportar, dijo Kellerman. Al igual que las remesas, Bitcoins puede enviarse a través de las fronteras rápidamente y con pocas posibilidades de recuperación. “La diferencia de velocidad es aproximadamente la de e-mail contra el correo convencional", explicó el experto.

Por su parte, el director de cumplimiento de la oficina en Nueva York del JP Morgan Chase, Arnie Scher, considera que “esto evade todos los requerimientos de reporte, lo cual es de terror; y es un código de fuente abierta, lo que significa que cualquiera puede comenzar su propia moneda, lo cual también es de terror. No hay nada que evite que un traficante de drogas comience a utilizar su propio Bitcoin, nada”.

¿Ya está regulada?

En respuesta a una solicitud de requerimiento de Bitcoin USA, una compañía independiente de intercambio de moneda digital afiliada al proyecto, el Departamento del Tesoro estadounidense refirió al negocio a una norma emitida en enero de 2009 en la que se definen las monedas digitales y los proveedores de tarjetas acumuladas.

Bitcoin USA eventualmente cerró, en parte, porque “los requerimientos de identificación impidieron que las personas continuarán con el proceso de registración”, de acuerdo a un mensaje publicado en un foro público en Bitcoin el pasado 9 de abril. “De todas las personas registrada, tenía solo 3 personas que habían suministrados sus documentos”, señala el mensaje del foro, en el que se cita la norma de FinCEN.

Otros intercambios de Bitcoin han seguido la norma “en un intento proactivo por cumplir con las regulaciones antilavado”, afirmó Garzik.

Bajo las regulaciones estadounidenses, las empresas de monedas digitales tienen prohibido vender o pagar más de US$ 1.000 por persona al día, a menos que se registren como negocio de servicio monetario (NSM) con FinCEN, momento en el cual tendrían que empezar a presentar reportes de operaciones sospechosas y reportes de transacciones en efectivo.

Registrarse con FinCEN le ocasionaría a los negocios afiliados a Bitcoin revisiones del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en inglés). Pero, incluso si los negocios que manejan transacciones de alto valor se registraran como NSM, el monitoreo de los vendedores sería prácticamente “improcesable” para el IRS, en parte debido a la confusión sobre “qué parte del sistema se debe regular”, indicó Scher.

Cuartos para crecer

Actualmente, la mayoría de los usuarios de Bitcoin mantienen  sus transacciones por debajo del umbral de los US$1.000 porque ellos preferirían evitar los reportes de transacciones, dijo Garzik. “Una vez Bitcoin crezca y se haga más rentable, pudiera soportar los NSM registrados, los cuales florecerían en el sistema”, agregó.

El hecho de que la moneda digital se mantenga relativamente pequeña es también un signo de que (…) es todavía muy temprano para preocuparse de cualquier proceso de lavado a gran escala, aseveró Scott Dueweke, socio de la forma Booz Allen Hamilton que se especializa en sistemas alternativos de pagos.

“Cuando se habla de legitimar dinero procedente de la venta de drogas, se refiere a millones o incluso miles de millones de dólares, y eso es un pescado muy grande que Bitcoin no puede freír en este momento”, indicó Dueweke. Un esquema de lavado relacionado a Bitcoin todavía necesitaría “una institución financiera cómplice o deliberadamente ignorante para mover cualquier cosa en cantidades significativas”, afirmó.

Reguladores al acecho

Otras monedas digitales se han encontrado con el escepticismo y la vigilancia de los reguladores estadounidenses. En julio de 2008, los tres directores principales de E-Gold, una moneda digital respaldada por oro, se declararon culpables de lavado de dinero y por operar un negocio de trasmisiones de dinero sin licencia. El Departamento del Tesoro multó al negocio por casi US$ 3 millones por ayudar a otros a evadir las sanciones económicas impuestas a Cuba e Irán.

En febrero de 2006, los fiscales de nueva york acusaron a tres ejecutivos de Western Express International por convertir en moneda digital unos US$ 25 millones procedentes de actividades criminales, incluyendo oro digital adquirido con la ganancia del fraude y robo de tarjetas de crédito.

En cuanto a Latinoamérica, aún no tenemos registro de alguna sanción o acción adelantada por algún organismo regulador contra este tipo de moneda digital. 

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Es sabido que una industria muy utilizada por los lavadores para manipular sus dineros ilícitos es la de seguros, y que una de las herramientas preferidas en este sector es el seguro de vida, debido principalmente a que pueden ser utilizados en todas las etapas del clásico paradigma del lavado de dinero -colocación, ocultamiento, integración- y también a la facilidad que tienen los lavadores para cancelar pólizas y recuperar el dinero en forma limpia.

Sin embargo, la industria de los seguros en los países de Latinoamérica, como Colombia, Brasil entre otros países. ha experimentado durante los últimos años el crecimiento de una modalidad muy costosa: el autorobo de vehículos. Básicamente, los lavadores compran vehículos en efectivo con dinero sucio, los aseguran y simulan su robo para cobrar la póliza con dinero limpio de la compañía de seguro.

En el caso del Brasil, el autorobo de vehículos, ocurren con autos robados del Brasil y cobrados la indemnización en las empresas de seguros del Brasil. En este caso los mismos son llevados en el Paraguay y vendidos a las personas interesadas. Se han dado casos que las propias aseguradas después de una investigación, ubican los vehículos y solicitan su devolución en el Brasil.

Es un sistema que pone a prueba la imaginación de quienes lo practican, ya que los lavadores tienen que elaborar detalladamente el simulacro del robo para poder engañar convincentemente a la compañía de seguros.

Un caso notorio se dio en una aseguradora que pidió no ser citada. Unos clientes aseguraron un vehículo de alta gama (de un precio superior a los US$50.000) y al mes presentaron el reclamo a la aseguradora por hurto del vehículo. Tras una exhaustiva investigación por parte del departamento de siniestros, descubrieron que se trataba de un fraude que encubría una operación de lavado.

El fraude fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Colombia, que tras una investigación detuvo a uno de los clientes que había denunciado el falso robo y lo extraditó a Miami, donde era buscado por delito de narcotráfico y lavado de dinero. La aseguradora no quiso dar el nombre del individuo. 

El vehículo fue comprado con fondos ilícitos procedentes de actividades del narcotráfico y los delincuentes también pagaban el seguro con este dinero sucio.

En otro caso detectado por la Policía Nacional en noviembre de 2008, un joven contacto a una banda de ladrones de vehículos para entregarles el carro, desarmarlo y hacerlo pasar ante el seguro como robado. El general Rodolfo Palomino, entonces comodante de la Policía de Bogotá, explicó en ese entonces a Radio Caracol que la policía investigaba 11 casos donde falsamente se denunciaba el robo de vehículos con el fin de obtener el dinero del seguro.

Según un informe del Instituto Nacional de Investigación, Lucha y Prevención del Fraude (INIF) la Policía Nacional declaró que durante 2006, se robaron 4.579 vehículos, lo que corresponde a una media de 13 vehículos por día, y según cifras de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), un 12,5% de los vehículos denunciados como robados, tiene una intención fraudulenta.

Los lavadores muchas veces utilizan un testaferro —que lo encuentran entre personas de clase social baja y poca formación— para asegurar a sus nombres los vehículos a cambio de una comisión.

La actuación de la aseguradora ante una denuncia

Cuando una aseguradora recibe la denuncia del robo de un vehículo asegurado, el departamento de siniestros inicia una investigación para determinar la reconstrucción del robo, los datos del cliente, los datos del vehículo y dónde se compró. En Colombia el cliente tiene la obligación de demostrar que efectivamente le robaron el vehículo y que lo tenía asegurado.

Si la aseguradora no emite la indemnización es porque ha encontrado indicios de fraude, situación que reporta a la Fiscalía. Las aseguradoras tienen la obligación de presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) cuando encuentran un caso sospechoso.

Según la fuente de la aseguradora, “este tema afecta a la siniestralidad de las compañías de seguros, porque si te montan un siniestro perfecto y no se detecta, la aseguradora tiene que pagar el dinero y eso representa muchas pérdidas económicas”.

En este sentido, según la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), los siniestros de automóviles pagados pasaron de US$351 millones en 2006 a US$446 millones en 2007, lo que representó un incremento de 27,1%. Se estima que durante 32006, unos US$37 millones fueron pagados a clientes en concepto de robos del vehículo que resultaron ser falsos.

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La aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita representa un avance en legislación mexicana, pero también podría convertirse en un dolor de cabeza para las compañías y personas físicas dedicadas a alguna actividad empresarial que no están preparadas para cumplir con las obligaciones que impone.

“La ley busca establecer medidas y procedimientos que permitan prevenir actos con operaciones de recursos ilícitos, y de este modo acceder a información de las empresas y sus clientes que pueda facilitar y prevenir la comisión de delitos”, dice Angel Domínguez de Pedro, socio del despacho de abogados Barrera Siqueiros y Torres Landa (BSTL)

Con el objeto de proteger el sistema financiero y la economía nacional de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la llamada ‘Ley Anti-Lavado de Dinero’, “este ordenamiento jurídico busca contribuir al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la inversión, debido a que procura brindar certidumbre a los interesados en hacer negocios en el país”, dice un análisis de la firma Deloitte.

Después de un periodo que se otorgó para que los involucrados con la ley se prepararan para sus ordenamientos, el pasado 17 de julio de este año entró en vigor y  este mes  pone a prueba a las empresas para que hagan sus primeros avisos de septiembre de las operaciones riesgosas que advierte la legislación federal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El próximo 31 de octubre se cumple el plazo para inscribirse ante la SHCP como una empresa o persona que realiza actividades vulnerables y comenzar a efectuar los avisos ante la autoridad en el momento que es necesario de forma electrónica, y así evitar multas que pueden ir de los 103 mil pesos por no presentar la información a tiempo, hasta los 4 millones de pesos (mdp) si no presenta sus informes a la autoridad.

Si quieres conocer las actividades empresariales que se encuentran sujetas al cumplimiento de la ley, a continuación te presentamos un ABC de esta legislación y los consejos de los expertos para que tú o tu empresa cumplan con los requisitos legales.

¿Quiénes deben de cumplir?

Para la autoridad existen 15 actividades no financieras catalogadas como vulnerables que deben cumplir con el reporte de las operaciones de acuerdo a los montos previstos en la ley, entre las que se encuentran juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, así como la de vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte y tarjetas de prepago, Construcción y venta de inmuebles, servicios de blindaje, además de ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios.

Desde el 17 de octubre de este año, inició la presentación de los primeros reportes que exige la ley para las empresas o personas físicas que llevan a cabo actividades vulnerables.

“Hay dos obligaciones fundamentales que establece la ley: la primera es identificar a los clientes y la segunda es la obligación de dar avisos a la SHCP de acuerdo a las actividades vulnerables que se consideran”, dice Domínguez de Pedro.

Para este propósito, la ley obliga a las empresas principalmente a:

• Nombrar ante la SHCP a un representante que se encargue de presentar los avisos correspondientes por las operaciones que efectúe.
• Identificar sus clientes y usuarios, así como resguardar su información por un periodo de 5 años.
• Presentar los avisos de las operaciones con la información del mes anterior inmediato a partir del día 17 de cada mes.

Cabe mencionar, que los avisos se dan de acuerdo con el monto de la operación y las actividades vulnerables.

Otro de los elementos que atienda la ley, es que en el caso de la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, operaciones con metales preciosos, piedras preciosas y joyas, así como las obras de arte y servicios presentados por los notarios, los pagos en efectivo no podrán ser mayores a 207,880 pesos, por lo que en caso de ser mayor la diferencia tendrá que ser solventada con otras formas de pago como pueden ser las transferencias electrónicas, uso de cheques o el pago con tarjeta de crédito.

De no cumplirse los requerimientos que marca la ley, los castigos pueden ir multas mínimas por 12,952 pesos hasta los 4 mdp, y en algunos casos hasta la privación de la libertad.

A continuación te damos 4 claves que los expertos te brindan para cumplir con la Ley Anti-Lavado:

1.   Descubre si tu actividad es vulnerable. Es importante que revises si tu actividad profesional como persona física o la de tu empresa se encuentra considerada en el rubro de vulnerables.

Si ese es tu caso, busca la asesoría de los expertos administrativos y legales para que puedas implementar las medidas legales.

 2. Administra tu información. Crea expedientes que te permitan contar con la información de tus clientes, para que en caso de una revisión por parte de la autoridad te permita demostrar que vas a estar en cumplimiento.

La información que vayas archivando es importante que la conserves por un periodo de 5 años, ya que es la temporalidad legalmente establecida.

 3.   Pon en el radar las operaciones en efectivo. Revisa los montos máximos que puedes recibir en efectivo de acuerdo a tu actividad y establece el pago complementario de las operaciones a través de operaciones financieras como una transferencia o depósito, así como el pago por tarjeta de crédito.

“Hay que tener cuidado porque las sanciones por el uso de efectivo en operaciones prohibidas son muy fuertes”, dice Federico de Noriega.

4.   Capacita y difunde. Es importante que al interior de tu organización empresarial te capacites y difundas las obligaciones a las que estás obligado por la ley Anti-Lavado.

De este modo, será más fácil que integres las prácticas legales como parte de los procesos del negocio en las operaciones, y que así la carga administrativa pueda ir disminuyendo.

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“La más amplia gama posible de delitos deben ser considerados como delitos subyacentes del lavado de dinero”. Esta es una recomendación hecha por organismos internacionales y mantenida por la mayoría de los expertos en prevención de la legitimación de los fondos de procedencia ilícita.

Según la Convención de Palermo (2000), un delito subyacente –también llamado delito precedente en muchas regulaciones- al lavado de activos es la actividad delictiva que genera ganancias, las cuales una vez blanqueadas producen el delito de lavado de activos. Es decir, que para que se produzca la legitimación del capital de procedencia ilícita, debe primero producirse un delito previo que genera ese “dinero sucio”.

Las recomendaciones internacionales destacan la necesidad de tipificar ciertas actividades delictivas como delitos subyacentes para poder aplicar un adecuado proceso de prevención y combate del blanqueo de activos. Este proceso requiere de modificaciones legislativas y regulatorias que suelen contemplar procesos lentos. Sin embargo, durante los últimos años una gama cada vez más amplia de delitos penales han sido tipificados como delitos subyacentes al lavado de activos.

Todo comenzó en Viena

Mediante la Convención de Viena (1988) se dio un primer paso internacional al incluir a los actos ilícitos relacionados al narcotráfico como delitos precedentes del lavado de activos. La Convención de Palermo también exigió que las jurisdicciones tipificaran “a la más amplia gama de delitos subyacentes”. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) también dedicó una de sus 40 Recomendaciones Antilavado a este tema en el año 1996 y luego en las recomendaciones de 2003 y 2014 el organismo mantuvo que “los países deberían aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves a los efectos de incluir la gama más amplia de delitos subyacentes”.

El mismo organismo indica que hay dos formas de definir los delitos subyacentes: según el umbral o según una lista predefinida. El GAFI publicó algunas categorías delictivas que las jurisdicciones deben tomar en cuenta para crear el listado:

•             Participación en un grupo delictivo organizado y en asociaciones extorsivas

•             Terrorismo, incluyendo el financiamiento del terrorismo

•             Tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de inmigrantes

•             Explotación sexual, incluyendo la explotación sexual de niños

•             Tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

•             Tráfico ilegal de armas

•             Tráfico de mercancías robadas y otros bienes

•             Corrupción y soborno

•             Fraude

•             Falsificación de dinero

•             Falsificación y piratería de productos

•             Delitos ambientales

•             Homicidio, lesiones corporales graves

•             Secuestro, privación ilegítima de la libertad y toma de rehenes

•             Robo o hurto

•             Contrabando

•             Extorsión

•             Falsificación

•             Piratería

•             Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado.23

Lavado como delito autónomo

Otra de las recomendaciones penales en esta materia es la tipificación del delito de lavado de dinero como un delito autónomo, para que los lavadores puedan ser procesados penalmente sin necesidad de que se descubra y juzgue previamente el delito que originó el dinero objeto del proceso de legitimación.Otra de las discusiones que han sostenido los juristas internacionales es sobre la similitud del delito de lavado de dinero con el de encubrimiento. La confusión se debe a “la similitud en la naturaleza jurídica de ambos tipos legales como a los verbos utilizados. El lavado está dirigido a encubrir y ocultar el origen ilícito de los bienes, lo cual permite asemejarlo con el encubrimiento o entenderlo como una forma de éste. Sin embargo si se propicia la autonomía del delito de lavado correspondería iniciar la tipificación estableciendo que será castigado ‘el que, con o sin promesa anterior al hecho’, lo cual permite diferenciar el tipo objetivo claramente del encubrimiento”, así lo indica una completa guía titulada El Delito de Lavado de Activos Como Delito Autónomo , publicada sobre esta materia por la Comisión Interamericana Para el Control del Abuso de Drogas.

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En el  año que termina el “de-risking” aplicado por las instituciones que prestan servicios de corresponsalía,  fue nuevamente uno de los temas que tomó más relieve, por la creciente preocupación que genera en la banca latinoamericana esta  medida, calificada por algunos, como extrema y discriminatoria.

Cientos de instituciones financieras de México, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, entre otros, han enfrentado en los últimos años un enorme desafío para abrir y mantener las cuentas de corresponsalía.

Al cerrar el 2015 se observan tímidos avances de la banca latinoamericana para actuar como bloque ante estas medidas extremas, lo cual impone a los oficiales de cumplimiento de la región una tensión creciente con sus corresponsales.

Por ejemplo, hay que recordar que ante el riesgo de sanciones económicas y la acusación de que han apoyado actividades de lavado de dinero, instituciones como Citi-Banamex, HSBC, Scotiabank, y otros que tienen operaciones en Estados Unidos, le han cerrado la corresponsalía a más de 30 bancos locales en México.

Existen algunas visiones de expertos consultados por nuestro equipo editorial. He aquí algunas conclusiones:

David Schwart, entonces presidente de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA) hizo un llamado a la unión de los bancos latinoamericanos para ejercer presión contra el “de-risking” aplicado por las instituciones que prestan servicios de corresponsalías en el marco del XIX Congreso Hemisférico de Panamá realizado del 19 al 21 de agosto.

 Considera el experto que esta sobrerregulación tiene un impacto negativo, pero más por el lado de Estados Unidos, pues las leyes norteamericanas se aplican extraterritorialmente. 

 Si bien la crisis de 2007 y 2008 no afectó tanto a la región, las leyes como Dodd-Frank y Basilea III obviamente tienen su impacto en la región, porque si uno quiere hacer negocio con bancos estadounidenses tienes que cumplir con esas leyes.

 “Tenemos que ir en conjunto y quejarnos en Washington, porque el efecto negativo se siente bien fuerte en Latinoamérica y el Caribe, donde están recibiendo el mayor impacto negativo con el cierre de cuentas y los cortes de líneas de crédito por la rebaja en las carteras de comercio exterior de la banca norteamericana”, insistió.

La tormenta perfecta

 Por su parte, la entonces Ana María de Alba presidenta de la consultora estadounidense CSMB Internacional, Inc argumenta que la armonía operativa entre la banca de Estados Unidos y las instituciones extranjeras es difícil de lograr mientras existan jurisdicciones con pocos controles sobre el beneficiario final, el manejo del efectivo y el cumplimiento laxo de las normativas.

“Yo veo el sistema de corresponsalía bancaria que hoy existe, como la ‘tormenta perfecta’ que impide la coexistencia. Es decir, la combinación de los países que permiten que los beneficiarios reales de estructuras legales se puedan ocultar, con la de los países donde el efectivo pueda seguir ingresando al sistema financiero sin dejar rastro de su origen, y con la de los reguladores que continúan presionando para que se cumplan leyes que, dada las condiciones de ocultamiento que legalmente se permiten, no se pueden llegar a cumplir, es una fórmula que imposibilita la coexistencia que buscan los bancos foráneos con la banca norteamericana. Peor aún, ya el contagio se ve en la banca europea donde se comienzan a ver las mismas pautas que han estado implementando los bancos norteamericanos: el “de-risking”.

Aseguró De Alba que muchos bancos en Latinoamérica consideran que sus sistemas son robustos y que se aplican de manera consistente en todas las operaciones.

“Un gran número de instituciones financieras en la región no logran cumplir con las exigencias que le imponen los reguladores a los bancos norteamericanos. ¿Qué significa esto? Los reguladores en Estados Unidos le exigen a los bancos un nivel de conocimiento extremadamente alto de la mayoría de las operaciones extranjeras que realicen. Esto crea una necesidad de mucha labor manual, lo cual aumenta el riesgo operativo del banco y sus costos. Por ello, muchos bancos optan por eliminar el riesgo de ser criticados, o peor aún, sancionados por su regulador".

Acción discriminatoria

El director ejecutivo de Lavadodinero.com, Alejandro Baptista aduce que si la mejor opción que los bancos de Estados Unidos encontraron ante el riesgo representado por clientes de Latinoamérica es “eliminarlo”, ¿para qué han servido los millones de dólares invertidos desde hace años en implementación de procesos de administración de riesgos?

“Cuando una empresa decide “de-risking” a un país o a un sector –como ha sucedido con los NSM desde que fueron catalogados de alto riesgo por allá en 2004- está descartando negocios por el simple temor de no ser efectivo en la administración de los riesgos asociados a su naturaleza comercial, la cual en el caso de la banca trae implícita el riesgo”. 

Baptista respalda  el hecho de que en algunos casos el riesgo debe ser eliminado, pero no cree que “mitigar” signifique “discriminar”.

 “De-risking’ debe ser un recurso ocasional, porque al convertirse en una política de control, no es más que una salida discriminatoria (y cómoda) ante los desafíos de la administración del riesgo”.

Cuestión de rentabilidad

Además de la presión reguladora y del temor a las grandes multas, los bancos de Estados Unidos están midiendo el nivel de rentabilidad de cada una de las cuentas de corresponsalías que mantienen, para determinar si vale la pena conservarlas, según explicó el oficial de cumplimiento para Latinoamérica de Bank of America, Guillermo García Horta.

García explicó que los bancos de Estados Unidos están bajo una gran presión de los reguladores, porque no quieren ser víctimas de las multimillonarias multas aplicadas cuando se detectan debilidades en el cumplimiento asociado a los servicios prestados a las instituciones extranjeras.

“Muchas veces las personas que trabajan para los entes reguladores y los oficiales de cumplimiento de muchos bancos estadounidenses desconocen Latinoamérica y basan sus decisiones en las informaciones y en las clasificaciones de riesgo país”, razonó.

 La clave: comunicación mutua

Para la vicepresidente de cumplimiento de banca internacional de Bancamérica, Claudia Alvarez Troncoso, las vías de comunicación mutua deben siempre estar y mantenerse abiertas con el área de cumplimiento del banco corresponsal.

“Recordemos que existen casos en que las personas que lideran las área de cumplimiento en los grandes bancos internacionales no conocen de cerca o no han visitado la jurisdicción en donde mantienen la relación de corresponsalía y solo tienen una idea de cómo son las cosas en esos países, porque lo meten dentro la definición amplia de alto riesgo, es decir que no conocen la esencia de ese país”.

Considera imperativo crear conciencia a la contraparte de los bancos corresponsales para que estén claros en que como banco extranjero se mantiene un buen conocimiento del cliente, se realiza la debida diligencia, monitoreo de transacciones y el control, todo basado en la metodología de clasificación de riesgo.

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El rastreo de la documentación necesaria para cumplir con las obligaciones de identificación de cliente y de monitoreo de transacciones es un desafío bajo cualquier circunstancia, pero cuando existe una barrera de lenguaje, la dificultad puede aumentar en forma exponencial.

La traducción de la información clave en los sitios de Internet y en los documentos financieros que podrían revelar los riesgos de prestar servicios bancarios a un cliente o de trabajar con una institución corresponsal pueden ser particularmente dificultosos para los bancos pequeños y sujetos obligados con presupuestos reducidos.

Existen traductores gratuitos o económicos disponibles en Internet, pero esas herramientas pueden no ser precisas, especialmente cuando se trabaja con el lenguaje complejo y especializado del cumplimiento antilavado. Como resultado de ello, muchos expertos recomiendan contratar a traductores humanos para descifrar cualquier documento potencialmente explosivo o técnicamente complejo.

Sin embargo, contratar a un traductor experimentado que tenga tanto el conocimiento del sistema legal regional y la visión de la industria en particular puede ser enormemente oneroso y puede llegar desde US$ 0.10 hasta US$ 0.30 por palabra, de acuerdo con lo informado por la Asociación de Traductores Estadounidenses (ATA, por sus siglas en inglés).

Pero si bien trabajar con herramientas de traducción, en Internet o en otra fuente, es mucho más económico, en algunos casos produce resultados negativos: “Puede ser realmente desastroso si la traducción no es hecha correctamente”, explicó el entonces presidente de la ATA, Jiri Stejskal.

Stejskal recuerda una oportunidad en que una compañía estadounidense trató de traducir de inglés al checoslovaco una frase simple: “Marque la fecha” al promover un futuro evento. Utilizaron un traductor en línea y lo que tradujo fue esto: “Marque el artículo definitivo de la fruta del árbol de la fecha”. Stejskal señaló que “No tenía ningún sentido. Tuvieron que enviar una disculpa a todos”.

Para los bancos, las posibilidades de encontrarse en esa situación son altas, dijo Stejskal al agregar que más instituciones financieras podrían volcarse a traductores en línea o a traductores personales a medida que aumentan su presencia internacional.

Un oficial de cumplimiento podría evaluar contar con un traductor en línea. Además del producto de Google, las ofertas existentes incluyen altavista.babelfish.com y dictionary.com. Estos funcionan “si solo está haciendo una investigación simple sobre lo que puede parecer un cliente de bajo riesgo y una traducción en línea sencilla confirma la impresión inicial”.

La situación cambia considerablemente si el oficial de cumplimiento concluye que la traducción del conozca a su cliente (CSC) o de la información de la transacción -detalles acerca del negocio del cliente o de una transferencia- sugieren que el cliente es un lavador de dinero.

Antes de entregar esas conclusiones a los superiores sería aconsejable para el oficial contar con la ayuda de un traductor humano -preferiblemente alguien cuyo idioma nativo sea el de la traducción en cuestión- para que revise la traducción y determinar su precisión, sugirió Stejskal.

El inglés y el español son idiomas más fáciles para encontrar traductores humanos que no sean tan costosos, mientras que al árabe, el japonés y algunos idiomas menos conocidos se les aplican aranceles mucho más altos. Stejskal agregó que “las herramientas en línea también son importantes. Pero todo depende del objetivo y si la información transmitida será transmitida a la gerencia superior o si será parte de alguna operación sospechosa reportada que sería revisada por el regulador”.

Esa es la estrategia utilizada por un oficial de cumplimiento en un banco mediano estadounidense, quien dijo que los traductores en línea son relativamente precisos, ahorran tiempo y dinero, y pueden ser revisados por otros trabajadores del banco cuyo idioma nativo sea el mismo antes de verse forzados a contratar a traductores profesionales.

El realizar la traducción internamente no es una opción cuando una persona envía documentos al banco en un idioma –podría ser ruso, algún idioma oriental o árabe– que no sea hablado por el personal, indicó Candy DuPont, especialista ALD del First United Bank, en Boca Ratón (Florida).

Las embajadas locales también pueden ayudar a verificar la autenticidad de los documentos extranjeros.

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Es de saber general que muchos los narcotraficantes son fieles seguidores de las iglesias y que a pesar de encontrarse con múltiples ocupaciones siempre guardan un momento para cumplir con sus obligaciones como feligreses y para mantener estrechas relaciones con los miembros de las iglesias.

Como ejemplo, el narco Amado Carrillo tenía en Culiacán un cura de confianza llamado Ernesto Álvarez, el sacerdote católico Gerardo Montaño Rubio recibió de la banda de los Arellano Félix donaciones para construir el ostentoso Seminario del Río, en Tijuana, y el obispo de Mexicali José Isidro Guerrero Macías asegura haber bautizado a algunos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Teniendo estos vínculos en cuenta, el debate respecto a lo que esconden las iglesias, cuál es la verdadera relación entre el narco y los prelados y si se debería o no investigar el perfil del fiel que hace donaciones, ha estado siempre encima de la mesa, intensificándose a raíz de unas declaraciones del presidente del Episcopado mexicano, Carlos Aguiar en las que señalaba que narcotraficantes han financiado obras públicas en zonas rurales marginadas por el gobierno y que además han construido iglesias.

“Son muy generosos con la gente de sus comunidades, y en general instalan energía eléctrica, telecomunicaciones, autopistas y carreteras que ellos pagan", señaló Aguiar. Pero el entonces fiscal general de México, Eduardo Medina Mora, no opina lo mismo y pidió a la Iglesia Católica no “tener conmiseración” con los capos de la droga, y agregó: “estas personas no tienen ninguna generosidad, lo que están haciendo es destrozar a nuestras familias y a nuestras comunidades”.

Así pues, la metodología usada consiste en que los narcos esconden en forma de donaciones el dinero del narcotráfico y que sirve para construir edificios religiosos. Cuando el sacerdote deposita el dinero de los narcos en el banco puede alegar que es fruto de las donaciones de su parroquia con lo que al no ser la iglesia ni sus trabajadores un sujeto obligado, el funcionario lo deposita automáticamente sin realizar ningún proceso de identificación del origen de los fondos.

Una vez depositado el dinero, el monto ya se encuentra en el sistema financiero legal y pueden realizarse varias operaciones o trasferencias con normalidad.

A pesar de la gran generosidad de narcotraficantes con sus congregaciones no se puede ignorar la dudosa procedencia del dinero de tales inversiones ni las obligaciones jurídicas que todo ciudadano tiene con la sociedad. Se trata simplemente de lavado de dinero, que la ley penal define en México como “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

“La iglesia es un buen método para hacer relaciones públicas y para lavar la imagen de los narcos entre la población local, más que para lavar dinero en si”, dijo Kenneth Rijock experto antilavado y presidente de World Check. “¿Realmente existen los mecanismos legales necesarios para poder detectar si hacer una donación a la iglesia es lavar dinero?, ¿cree que un gobierno (latinoamericano) presentaría cargos contra una iglesia o un cura por lavado?”, se preguntó Rijock.

“A pesar de los casos surgidos, las iglesias no deberían ser sujetos obligados, porque son una institución de bajo riesgo”, aseguró Rijock.

Esta realidad no sólo ocurre en México sino que en otros países como Colombia ya se han iniciado procesos contra algunas congregaciones religiosas. En el año 2002, el Ministerio del Interior ordenó investigar a 1.800 iglesias católicas para determinar sus presuntos nexos con el narcotráfico y sus actividades de lavado, a pesar de que no se hayan podido concretar los resultados de dichas investigaciones.

El lavado a través del ámbito religioso

Una nueva forma de lavado de dinero utilizada por organizaciones criminales es a través de agrupaciones de carácter aparentemente religioso que tienen representaciones en varios países a la vez.

Es el caso de una agrupación originaria de Brasil llamada Iglesia Universal Reino de Dios, conocida por su lema “Pare de Sufrir”, cuyo dirigente Edir Macedo organizaba concentraciones aparentemente de carácter religioso, donde los fieles participantes otorgaban donativos.

La agrupación religiosa acudía al banco a depositar fuertes sumas de dinero en efectivo, que argumentaba haber recibido de sus fieles como donativos. Ese dinero lo movían de un banco en el país donde recaudaban hacia otra nación en el continente y a otra y otra, siempre justificando que eran donativos en efectivo y a través del banco, hasta darles un carácter aparentemente legal.

La entidad bancaria evidentemente no comprobaba la certeza de las donaciones de fieles ni los donantes habían pasado antes por un proceso de identificación en la iglesia para saber de dónde procedía el dinero que estaban donando, convirtiéndose este método en uno de los más fáciles para lavar por la dificultad de detectar el origen de los fondos.

El pastor brasilero viajaba en un avión de 20 puestos, tiene más de 100 propiedades en la región y una enorme casa en Río de Janeiro entre otros lujos todos obtenidos a través del dinero lavado.

Los antecedentes de una iglesia polémica

En julio de 2003, el ex procurador general de México Jorge Carpizo, denunció al Cardenal de Guadalajara Juan Sandoval de estar involucrado en irregularidades financieras.

El gobierno mexicano impulsó entonces una investigación después de que Carpizo alegara que el cardenal y sus subordinados podrían haber recibido donaciones de narcotraficantes para la construcción de cuatro iglesias y un refugio para inmigrantes.

El cardenal siempre negó haber cometido algún hecho delictivo y la oficina del Procurador General determinó que todos los movimientos financieros por parte del cardenal fueron legales.

Así, la oficina de la Procuraduría General de México cerró a fines de 2003 una investigación sobre lavado en contra de Sandoval, tras determinar que no había pruebas de que el prelado había lavado fondos provenientes de fuentes ilícitas.

La financiación del terrorismo entra en juego

Por otro lado, Estados Unidos no se queda atrás en este tema y además de procesar a rabinos por lavado de dinero en Nueva York, también se ha investigado a ciertas organizaciones religiosas por posible financiación del terrorismo.

Según un informe del 24 de mayo de 2007 publicado por el Servicio de Investigaciones del Congreso (por sus siglas en inglés, CRS), hay grupos que utilizan a esas organizaciones para recaudar fondos y lavar dinero, reclutar miembros y hacer propaganda de sus causas.

El informe del CRS mencionó a la Fundación Tierra Santa para Ayuda y Desarrollo, que se describía a sí misma como una organización para ayuda en casos de desastres naturales pero que su principal actividad había sido el envío de fondos a la organización terrorista Hamas, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.

En junio del año 2000, Muhahedin-e Khalq, una organización iraní, llegó a recaudar $10.000 dólares diarios en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles solicitando contribuciones de los transeúntes bajo el pretexto de donar para los refugiados de las atrocidades cometidas en Irán.

La Fundación de Benevolencia Internacional con base en Illinois ha estado también bajo la mirada por sus supuestos vínculos con la red terrorista de al Qaeda. El líder del grupo, Enaam Arnaout, está en una cárcel de Chicago como resultado de un registro en el que los agentes de la ley hallaron pruebas que lo vinculan con la red terrorista.

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Entre febrero de 2007 y febrero de 2008 cientos de inversionistas bursátiles de Europa y Asia se sintieron afortunados cuando una firma de corretaje con sede en Estados Unidos les ofreció comprarles acciones de poco valor por un monto de dinero superior al precio de mercado. La oferta era buena y el costo muy bajo, ya que sólo tenían que pagar algunos impuestos y trámites administrativos mediante una trasferencia bancaria a cuentas en Miami. Las malas noticias comenzaron luego de hacer esos pagos, cuando se enteraron de que la empresa corredora no existía y de que habían sido víctimas de una millonaria estafa de telemercadeo ejecutada desde Brasil.

Mediante una compleja y bien preparada operación, los brasileños estafaron y lavaron más de US$13.5 millones de dólares, luego de hacerles creer a sus víctimas que eran una empresa de corretaje que funcionaba bajo la supervisión de los organismos reguladores norteamericanos. Para tal fin, crearon páginas web y documentos que le daban apariencia de legalidad a sus operaciones.

Según la información proporcionada por el Departamento de Justicia, los estafadores obtuvieron ilegalmente información de empresas corredoras reales y además crearon una estructura de supuestas oficinas de reguladores que se encargaban de legitimar las operaciones falsas de la red criminal.

La red brasileña utilizó la tecnología de teléfonos VoIP (Voice over Internet) para operar desde Brasil con números y códigos de Estados Unidos, para hacer creer a sus víctimas que estaban localizados en territorio norteamericano. Esta complicada trama de falsificación, estafa telefónica y lavado de dinero fue coordinada por Doron Mukamal y una red de 17 empleados que fueron detenidos en Brasil. Mientras que la legitimación de US$13.5 millones en bancos de Estados Unidos estuvo a cargo de Rodrigo Molina, un brasileño de 33 años residente de Miami, y Neto Macchione, otro brasileño residente de Aventura (Florida).

El 25 de febrero de 2009, la Corte del Distrito Sur de Florida encontró culpable a Molina de 11 cargos en su contra, 5 de los cuales son por lavado de dinero y por los que enfrenta una condena de 20 años de prisión. Por su parte, Macchione ya fue sentenciado a 70 meses en prisión y a pagar US$1.8 millones.

Autoridades alerta

Las estafas telefónicas no son nuevas y ya han sido muchos los casos de víctimas que han sido contactadas mediante el teléfono. Sin embargo, esta metodología sigue siendo muy usada y es por eso que las autoridades norteamericanas han advertido sobre el peligro que representa para las instituciones financieras.

En el marco de un acuerdo logrado en 2008 con el Wachovia Bank por fallas en el monitoreo ALD de cuentas de empresas de telemercadeo, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) anunció que estas empresas “presentan un riesgo más elevado que otros comerciantes y que requieren una diligencia debida adicional y un monitoreo más detallado de parte de los bancos nacionales”.

Por su parte, la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés) informó en noviembre de 2008 que los bancos que prestan servicios a las compañías procesadoras de pagos para los telemercaderes y otros clientes comerciales podrían enfrentar “mayores riesgos estratégicos, de crédito, cumplimiento, transacciones y de reputación”. Las instituciones financieras que detecten de manera inadecuada actividades sospechosas podrían ser “consideradas como que están facilitando” el delito, precisó la agencia.

La guía publicada en noviembre por la FDIC probablemente no se traduzca en el cierre de cuentas, ya que los procesadores de pagos ya han implementado estándares de seguridad que les permitirá realizar mayores verificaciones sobre posibles abusos, según explicó el pasado mes de diciembre Lisa De Falco, ejecutiva de TPG TeleManagement, Inc., una compañía que monitorea las transacciones de los centros de llamadas para la industria bancaria.

Pero el fraude telefónico no sólo es un riesgo por violaciones a los controles antilavado, sino que puede ocasionar pérdidas económicas a la institución. Allen Weinberg, fundador de la consultora de pagos Glenbrook Partners, de Menlo Park, California , señala que el fraude telefónico podría afectar la estructura de base de una institución, cuando los consumidores cancelan pagos, o se les reconoce el crédito por conceptos cobrados originados en un fraude cometido en sus tarjetas de crédito.

   “Cuando se producen muchas devoluciones por parte de la institución por fraude cometido con las tarjetas de crédito, el banco va a ir al comerciante y le va a decir: Me debes todas estas devoluciones que tuve que hacer y – sorpresa – el comerciante ya no está allí”, indicó.

Cuando se detecta una sospecha de actividad fraudulenta en una cuenta de un procesador de pago, los bancos pueden querer presentar un reporte de operación sospechosa, obligar al procesador de pagos a terminar su relación de procesamiento con ese comerciante específico, o terminar la relación con el procesador de pagos, señaló la FDIC.

Otros casos emblemáticos de fraude por telemercadeo

Los tipos de estafa pueden ser muy diversos. A continuación presentamos algunos casos que muestran distintas metodologías:

-Duro golpe al Wachovia Bank: El Wachovia Bank (adquirido por Wells Fargo & Co.) pagó una multa civil de US$10 millones y US$125 millones para compensar a las víctimas de fraude por telemercadeo realizado a través de cuentas en el banco, según un acuerdo logrado con la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) en abril de 2008.

  Las compañías de telemercadeo que participaron en el fraude emitieron cheques a distancia utilizando la información de las cuentas de los consumidores, muchos de ellos de avanzada edad, obtenidas por teléfono. Los cheques fueron luego depositados por la empresa de telemercadeo y los procesadores de pagos en cuentas en el Wachovia, institución que no detectó la anormalidad. El banco obtuvo ganancias entre 1 de junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2006 por honorarios y saldos mantenidos en cuentas de las compañías involucradas en el fraude, informó la OCC en un comunicado de prensa publicado para aquel entonces.

La vocera del Wachovia, Christy Phillips-Brown, indicó que la institución implementó una política para dejar de brindar servicios bancarios a las compañías que son estrictamente de telemercadeo o procesadores de pago para empresas de telemercadeo.

-El caso AmeriNet:  En noviembre de 2005, el procesador de pago AmeriNet firmó un acuerdo con los fiscales generales de los estados de Ohio, Florida, Illinois, Carolina del Norte y Vermont por su rol en un fraude con telemercadeo. El acuerdo obligó a AmeriNet a reembolsar a los consumidores defraudados, pagarles US$10.000 a cada uno de los estados y a reforzar sus procedimientos de diligencia debida. Hasta el 80% de los débitos procesados por AmeriNet para los telemercaderes habían sido desconocidos por los consumidores, según una declaración conjunta presentada por los fiscales generales estatales en noviembre de 2005.

-Los McCorkles y los bienes raíces:  En marzo de 1998 los hermanos Willian y Chantal McCorkle fueron acusados de lavado de los ingresos provenientes de una artimaña que comprendía la venta de material de capacitación para enseñar a las personas a encontrar bienes raíces con precios bajos y poder participar en remates de propiedades organizados por el gobierno.

  William y Chantal McCorkle, directivos de esta operación multimillonaria de fraude mediante telemercadeo en Florida, fueron condenados por el delito de lavado de dinero y tuvieron que devolver US$10 millones, incluyendo US$7 millones mantenidos en una cuenta en las Islas Caimán.

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