Los oficiales de cumplimiento usualmente deben analizar los nuevos productos y servicios para comunicarles a las juntas directivas los peligros que estos implican para la institución. A juicio del consultor Ricardo Sabella, esto es parte de la, muchas veces, incomprendida labor del personal antilavado de dinero.

En una entrevista exclusiva realizada por Fernando Martínez y Juan Alejandro Baptista, el experto uruguayo ofreció importantes recomendaciones para manejar adecuadamente la creación de nuevos productos o servicios en las industrias reguladas, con el objetivo de mitigar los riesgos sin obstaculizar las iniciativas comerciales.

Sabella, quien será uno de los oradores en la VI Conferencia Anual Latinoamericana Sobre lavado de Dinero de ACAMS que se realizará en Cancún (México) del 1 al 3 de agosto, también ofreció detalles sobre la nueva Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo aprobada recientemente en Uruguay.

-Continuamente las empresas incorporan nuevos productos o servicios... ¿Cómo se puede evitar que estos productos / servicios afecten el cumplimiento antilavado?

Fundamentalmente en el proceso de creación de nuevos productos o servicios, deberíamos analizar si los procesos utilizados para comercializar y operar esos nuevos servicios, e incluso los recursos humanos y tecnológicos afectados, son los mismos que para el resto de los servicios regulares de la empresa. O bien se requieren nuevos procesos o recursos, o modificar los existentes. Es allí donde tendremos el mapa para comenzar el análisis de riesgos e identificar posibles eventos que afecten a los procesos y recursos vinculados con los objetivos del sistema antilavado: esto es prevención, detección y reporte.

Sabemos que de alguna forma los generadores de riesgo en el sistema antilavado de las instituciones lo constituyen los clientes, los canales de distribución, las jurisdicciones y los productos. Entonces, debemos considerar a qué mercado se dirige el nuevo servicio, a través de qué canal se comercializará y se ejecutará el vínculo operativo y qué jurisdicciones se involucrarán con el producto.

Un servicio está compuesto de acciones y transacciones, cada una de ellas en forma particular puede presentar vulnerabilidades distintas y el objetivo del análisis es identificar los riesgos que resultan de la combinación de las transacciones vinculadas al nuevo producto. Ejemplo: una operación de depósito en efectivo puede estar vinculada a un producto de caja de ahorros, cuenta corriente, depósito a plazo o de inversiones bursátiles. En este caso el riesgo está representado para la transacción de depósito y por la función que esta cumple en cada producto.  

-Es frecuente que las empresas emitan nuevos productos pensando solo en el "rendimiento" y no en los "riesgos". ¿Qué recomendaciones puedes dar a los oficiales de cumplimiento para que logren destacar los peligros asociados a los nuevos productos sin parecer un elemento "obstruccionista" dentro de la empresa?

Es normal que los oficiales de cumplimiento busquen y comuniquen los peligros relacionados con los productos y transacciones. Es parte de su, muchas veces, incomprendida tarea. Puede que si las juntas directivas se encuentran con un informe de riesgos del nuevo producto que incluya las formas posibles de controlarlos y mitigarlos, con los recursos económicos asociados a dichos controles, se pueda analizar realmente como se castigará el rendimiento de cada producto.

A la vez, se debería presentar distintas sugerencias de modificación sobre el producto, tipos de clientes, geografías y canales que minimicen el riesgo inherente. De esta forma se elevaría el rendimiento del producto por menor consumo de recursos de cumplimiento  para balancear la ecuación. Esto es lo mismo que, por ejemplo sugerir el enfoque en los tipos de clientes de menor riesgo y mayor rentabilidad. La idea pasa por presentar tanto posibles amenazas, como fortalezas del nuevo producto y no decir solo: ¡No se puede!

-El mundo virtual es una de las áreas de gran riesgo donde más nuevos productos han surgido en los últimos años. ¿Qué nivel de riesgo representan la banca en línea y las "economías" de comunidades virtuales en Uruguay?

Si bien en el país este tipo de áreas están siendo exploradas, aún no se han detectado eventos que impliquen preocupaciones importantes en materia de cumplimiento. Las principales debilidades en éste ámbito hoy están relacionadas con el fraude y con la economía informal que puede resultar ligada a las redes. A pesar de que la posibilidad de creación y operación de productos en línea es una realidad en Uruguay, no son muchas las ofertas de productos globales, y en el ámbito local el tamaño y la geografía del país no es excusa para establecer el contacto personal a la hora de concretar nuevas relaciones comerciales.

-En el caso de las instituciones financieras uruguayas, ¿hay conciencia de parte de las juntas directivas sobre la importancia de destinar recursos al cumplimiento antilavado de dinero?

La conciencia fue evolucionando al mismo ritmo que las regulaciones, los controles del gobierno, bancos corresponsales y contrapartes. Hoy en su gran mayoría las instituciones uruguayas cuentan con personal especializado en cumplimiento y desde hace un tiempo se vienen realizando importantes inversiones, sobre todo en el área de capacitación. Es de esperarse que poco a poco se profundice más en la importancia de este tema por parte de todos los sectores del ámbito privado, en línea con la nueva Estrategia Nacional Antilavado recientemente presentada por la Presidencia de la República.

-Para profundizar más en esta estrategia que presentó el gobierno uruguayo este lunes 16 de junio, ¿qué beneficios le trae al país la implementación de este plan?

En primer lugar, este plan es el resultado de un análisis de riesgo en el que han participado todos los sectores. Bajo la asistencia del FMI [Fondo Monetario Internacional] se efectuó un trabajo muy serio de identificación de vulnerabilidades a través de un ejercicio técnico desarrollado con un amplio consenso interinstitucional. Es por ello que la participación y concientización de todos los sectores en este programa es el principal beneficio.

En segundo lugar, la necesidad de proteger la integridad y estabilidad de los sistemas económico financieros requiere ordenar y coordinar los esfuerzos entre las autoridades de supervisión, de inteligencia, policiales, fiscales y judiciales. Las organizaciones criminales y terroristas operan de manera altamente organizadas con sus propios planes de enriquecimiento y expansión. Por lo que el beneficio del plan es hacer frente a las amenazas detectadas, igualmente organizados y alineando las acciones estatales.

El fortalecimiento del sistema nacional antilavado de activos, con un enfoque en riesgos, está en línea con las actuales recomendaciones del GAFI. Uruguay fue el primer país del Cono Sur en reconocer esta necesidad y viene trabajando desde hace tiempo en este plan, inclusive antes que Perú, a pesar que éste lo lanzó a mediados de 2011. Con lo cual, este programa le permite al país estar enfocado en las nuevas recomendaciones y generar experiencia en su efectiva aplicación.

-¿Cuáles son las principales debilidades en materia de ALD / CFT deben ser atendidas en este plan nacional?

Si bien el detalle del diagnóstico de riesgos no es un documento público, el mismo fue elaborado teniendo en cuenta las debilidades identificadas en el sistema de prevención, detección y de represión penal. El ejercicio ha dado como resultado ciertos asuntos prioritarios a atender que se podrían clasificar en estructurales y funcionales.

Los principales objetivos se encuentran orientadas a mejorar la regulación, supervisión y cumplimiento de ciertos sectores, sobre todo los no financieros; mejorar las condiciones para el conocimiento del beneficiario final de ciertas estructuras societarias; trabajar para incrementar y mejorar los recursos del sistema procesal penal.

La situación geográfica de Uruguay y el alto volumen de intercambio financiero con los países de la región hacen elevar la exposición a los riesgos derivados de delitos como la corrupción, el narcotráfico, trata de personas, contrabando y piratería que se generan fuera de los límites del país.

Una variable estructural a mitigar es el nivel de informalidad económica, aunque el mismo no es elevado en comparación a otros países de América latina. Los sectores que representan mayor preocupación son el comercio exterior, financiero, turismo, inmobiliario/construcción, agropecuario, contrataciones deportivas, casinos y asociaciones público privadas. 

-Hasta hace unos años Uruguay era considerado un paraíso fiscal y una jurisdicción de secretismo con elevado riesgo de lavado de dinero… ¿Cree usted que los esfuerzos legislativos y regulatorios adelantados en los últimos años han logrado cambiar esa percepción? ¿Es hoy un país de menos riesgos?

Definitivamente Uruguay hoy es un país de menor riesgo que hace unos años. La consideración de paraíso fiscal se había derivado fundamentalmente por el abuso de una estructura societaria denominada Sociedad Anónima Financiera de inversión (SAFI), la cual fue eliminada. El resto de las condiciones para ser denominado como paraíso fiscal no están muy claras. Puede ser quizás por no considerar el delito fiscal como precedente de lavado de activos, al igual que muchos países en el mundo. Hoy Uruguay comienza a analizar la posibilidad de incorporación de este delito para estar en línea a los reclamos internacionales. Aunque sabemos que el tema aún presenta en todo el mundo algunas adhesiones y también posiciones en contrario.

Desde 2008, Uruguay ha incorporado en la regulación financiera la obligación de adoptar medidas en función del riesgo. Ha trabajado en nueva legislación, mejorado los recursos destinados a la supervisión y control. El resultado de este esfuerzo puede verse claramente en la última evaluación mutua realizada al país en el marco de la tercera ronda. Es el segundo país del GAFISUD mejor evaluado en el cumplimiento de las recomendaciones core, con un nivel de cumplimiento muy por encima del promedio de los países del GAFISUD (más del 80% de estas recomendaciones cumplidas o mayoritariamente cumplidas). En dicha evaluación, Uruguay no tiene recomendaciones core en situación de incumplimiento.

El plan que se está presentando seguramente va a lograr cambiar la percepción dado que es considerado como una política de estado con fuerte compromiso político del más alto nivel.    

-¿Están las autoridades y los sujetos obligados atendiendo adecuadamente el delito del financiamiento del terrorismo?

Los controles y obligaciones para luchar contra este delito están establecidos en las reglamentaciones emitidas por el Banco Central del Uruguay y el delito está tipificado en la legislación. Todos sabemos que es uno de los delitos o quizás el más difícil de detectar, motivo por el cual todos los esfuerzos siempre pueden resultar escasos para atenderlo en forma adecuada. Si bien en el análisis efectuado no se han detectado riesgos mayores en lo que respecta al financiamiento del terrorismo, hay fuerzas especiales que están siendo entrenadas con la colaboración de expertos internacionales para fortalecer la lucha contra este flagelo.

Lic. Ricardo Sabella, CAMS – Es coordinador del Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por ISEDE/Universidad Católica del Uruguay. Es director de MVC Risks, una empresa dedicada a la consultoría y capacitación en prevención de lavado de dinero.

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