En el reporte titulado “Factores de Riesgos Específicos del Lavado de Dinero Procedente de la Corrupción” (junio 2012), el Grupo de Acción Financiera (GAFI) dedicó un capítulo a los factores de riesgos específicos asociados a las personas expuestas políticamente (PEP).

La diligencia debida ampliada sobre los PEPs no solo es una recomendación del ente multilateral, sino que es una práctica necesaria para mitigar los riesgos asociados a las cuentas de los funcionarios públicos y a sus asociados.

Presentamos una traducción literal al español de este capítulo del documento por considerarlo de gran utilidad para los profesionales e instituciones reguladas:

Factores de Riesgo de los Clientes

PEPS y Otros Funcionario Públicos

17. Las medidas incluidas en la Recomendación 12 se destinan a (1) Asegurar que las entidades que presentan reportes cuentan con sistemas sensibles al riesgo para identificar a las personas políticamente expuestas nuevas o ya existentes y a otros clientes de alto riesgo; (2) poner en marcha las medidas adecuadas para mitigar el riesgo de que la entidad sea utilizada para legitimar el producto de delitos, incluida la corrupción: y (3) reportar a estos clientes a la UIF de su país cuando se involucran en transacciones sospechosas.

18. El estado de PEP en sí mismo no significa necesariamente que una persona es corrupta o que han sido incriminada en actos de corrupción. No obstante, la continua amenaza de lavado de dinero por PEPs -tanto extranjeros como nacionales- a través de entidades reguladas debe ser manejada para comprender y atacar los potenciales riesgos de lavado de activos asociados a estos clientes y sus transacciones.

19. El GAFI ha entendido desde hace tiempo los riesgos que representan los PEP corruptos para el sistema financiero. Como se explica en el Informe Anual 2003-2004 del GAFI:

[L]as fuentes de los fondos que un PEP pueden tratar de blanquear no son solamente los sobornos, las comisiones ilegales y otros ingresos directamente relacionados con la corrupción, pero también puede ser malversación o robo descarado de los bienes del Estado o de los fondos de los partidos políticos y sindicatos, así como el fraude fiscal. De hecho, en algunos casos, un PEP puede estar directamente implicado en otro tipo de actividades ilegales, tales como el crimen organizado o el narcotráfico. Los PEPs que provienen de países o regiones donde la corrupción es endémica, organizada y sistémica parecen presentar un mayor riesgo, sin embargo cabe señalar que PEPs corruptos o deshonestos se pueden encontrar en casi cualquier país.

20. Además, el Grupo de Wolfsberg, un consorcio que reúne algunas de las mayores entidades bancarias del mundo, ha explicado la naturaleza del riesgo PEP de la siguiente manera: "las personas políticamente expuestas potencialmente representan un mayor riesgo, ya sea porque están en condiciones de ejercer una influencia indebida en las decisiones con respecto al ejercicio de los negocios por parte del sector privado, o tener acceso a las cuentas del Estado y los fondos". Como se señaló en [el documento] “El Blanqueo del Producto de la Corrupción”, las autoridades han descubierto un número significativo de casos en los que las PEPs han sido capaces de blanquear enormes cantidades de dinero a través instituciones reportantes sin haber sido controladas. De hecho, en muchos de estos casos, la entidad ayudó activamente al PEP a hacerlo.

21. Como tal, las relaciones de negocios con personas políticamente expuestas representan un mayor riesgo, debido a la posibilidad de que los titulares de esos cargos pueden abusar de su poder e influencia para beneficio personal y la ventaja, o para el provecho o ventaja personal de la familia y allegados. Estos individuos también pueden a usar sus familias o allegados para ocultar fondos o activos que han sido objeto de apropiación indebida, como consecuencia del abuso de su posición oficial, y las familias y allegados de los PEPs a veces han encontrado que se benefician de la corrupción a sí mismos. PEP también pueden tratar de usar su poder e influencia para obtener representación y/o acceso a, o el control de personas jurídicas con fines similares.

22. El GAFI exige que las instituciones reportantes consideren cada transacción con un PEP extranjero como de alto riesgo. Por ejemplo, la Recomendación 12 requiere una vigilancia reforzada y permanente de este tipo de relación comercial. Esto incluiría, por supuesto, las transferencias de fondos a las cuentas de PEP, o en las cuentas de sus familiares o socios, y estar alerta a estas operaciones y el riesgo de que puedan constituir sobornos o el producto de otras actividades corruptas.

23. Es importante, sin embargo, entender que no todos los PEPs representan el mismo nivel de riesgo. Las instituciones reportantes, en la evaluación de riesgo de las cuentas de PEP, deben tener en cuenta este factor. Como se discutió en el presente informe, este riesgo puede variar dependiendo de numerosos factores, incluyendo el país de origen del PEP, la industria/sector involucrado, y los productos y servicio utilizados. El riesgo también variará dependiendo de factores tales como la naturaleza de la posición y la naturaleza/propósito de la cuenta. Además, incluso después establecido el riesgo, se debe tener cuidado para asegurar que las transacciones de la cuenta son consistentes con el propósito indicado.

Naturaleza de la Posición

24. Mientras que todos los titulares de cargos públicos pueden tener oportunidades de corrupción, hasta cierto punto, los que tiene autoridad sustancial sobre o el acceso a los bienes del Estado y los fondos, las políticas y operaciones -incluyendo la asignación de premios, otros gastos públicos, el uso de los recursos propiedad del gobierno y el control de aprobaciones reguladas, incluida la asignación de licencias y concesiones- pueden suponer un riesgo mayor que otros. Su vulnerabilidad a la corrupción real puede variar, dependiendo del grado en que se ejerce un control jerárquico. Estas personas también disfrutan de un estatus especial en su país de origen, debido a su poder ejecutivo, legislativo, judicial, su función administrativa, militar y/o burocrática. Ellos están en una posición única de influencia en su Estado-Nación y tal vez diplomáticamente cuando actúan en el extranjero.

25. Importantes asuntos de corrupción política, tales como las desarrolladas por Abacha y Lazarenko*, nunca hubiera sido posible, por lo menos a esa escala, sin la capacidad de controlar los mecanismos establecidos para prevenir y detectar los delitos cometidos. En el momento en que los fondos fraudulentos se giran en capas y se integran en las instituciones financieras extranjeras, se pierde para siempre la habilidad de poder comprender razonablemente el origen de los fondos. El GAFI ha señalado:

Un PEP, actuando solo o en colaboración con otros actores ilegales, puede, en un régimen autocrático tener control total sobre todos los mecanismos de gobierno (el poder judicial, la policía, el ejército y la burocracia reguladora), así como los medios de comunicación. El mismo control que permite al PEP mantenerse en el poder es el mismo control que le permite ocultar y mover su dinero.... [E]n cada uno de los casos de corrupción más importantes que hemos estudiado, el PEP tenía la capacidad de controlar el gobierno nacional para evitar la detección y permitir disfrazar y mover el dinero. Sólo después que los controles que tenía el  PEP fueron eliminados, por ejemplo, mediante un cambio de régimen, el país tuvo la capacidad de detectar tanto el lavado de dinero como el crimen.

26. En casi todos los casos recientes de corrupción a gran escala, la detección e investigación de la actividad delictiva de los jefes de gobierno se produjo sólo después de que hubiera un cambio de gobierno, cuando corruptos específicos cayeron en desgracia o si hubo protestas públicas generalizadas después de ser públicamente expuesta la corrupción. Mientras que las personas políticamente expuestas estuvieron en el poder, no había ninguna oportunidad real para que los organismos nacionales encargados del orden público investigaran los delitos financieros. Las UIFs extranjeras, incluso si tienen pruebas de corrupción, pueden dudar en compartir dicha información con el país de origen, habida cuenta de la futilidad de reportar transacciones sospechosas al gobierno responsable. Por otra parte, algunos países proporcionan inmunidad a los jefes de gobierno y a otros altos funcionarios públicos, y sólo podrán renunciar a dicha inmunidad una vez que el funcionario público ha dejado la oficina. Esta inmunidad también puede desalentar a las entidades o instituciones extranjeras de enviarles reportes de transacciones sospechosas.

27. Por supuesto, estas dificultades no eximen a las entidades informantes de su obligación de tomar las medidas adecuadas (lo que puede significar terminar la relación de negocios) para prevenir el lavado de dinero. El reciente informe de la FSA [Financial Services Authority de Reino Unido] sobre el manejo de los bancos ante las situaciones de alto riesgo de lavado de dinero señala que un tercio de todos los bancos incluidos en la muestra estaban dispuestos a aceptar niveles muy altos de riesgo de lavado de dinero si el riesgo reputacional inmediato era bajo (por ejemplo, si el cargo del supuestamente político corrupto parecía seguro). La FSA también encontró ejemplos de empresas que desestimaron graves acusaciones contra los clientes, incluyendo las acusaciones de corrupción, si los cargos criminales en contra de que el cliente no había sido presentados.

28. Mientras que a las entidades que reportan el GAFI les requiere de forma explícita aplicar un mayor nivel de escrutinio a las personas políticamente expuestas extranjeras, existe un riesgo asociado con la corrupción de otros funcionarios públicos, así: en particular, algunos funcionarios públicos que tienen un papel importante en compras significativas, contratos de exportación, [otorgamiento de] licencias y otras actividades con considerables consecuencias económicas para los intereses de sus partes, puede ser mucho más expuestos a la corrupción a gran escala que sus contrapartes en sectores menos riesgosos.

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* Sani Abacha fue presidente de Nigeria desde noviembre de 1993 hasta su muerte en junio de 1998. Después que un nuevo régimen llegó al poder, se descubrió que Abacha y su familia habían robado entre USD 2.500 y 4.000 millones de dólares del tesoro nacional. Pavel Lazarenko fue Primer Ministro de Ucrania desde mayo 1996 hasta julio 1997. Participó en cinco diferentes esquemas de corrupción, incluidos extorsión de fondos a las empresas que deseaban hacer negocios en Ucrania.