El proceso de monitoreo transaccional de los clientes es uno de los elementos más importantes dentro del proceso de combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en una institución financiera. El adecuado reporte de una operación que se presenta sospechosa o inusual puede ser el elemento clave que lleve a la desarticulación de una importante operación de legitimación de capitales, y además, puede mantener a una entidad financiera a salvo de sanciones regulatorias o multas por incumplimiento de las regulaciones.

Con el objetivo de mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México publicó el pasado mes de noviembre de 2009, una Guía Sobre las Operaciones Inusuales y Sospechosas. En este material se plasman una serie de situaciones y ejemplos de operaciones inusuales y sospechosas que pueden ser de gran utilidad para el ejercicio diario del personal de cumplimiento de las instituciones financieras de toda Latinoamérica.

Lavadodinero.com presenta un extracto de este material referente a las guías sobre el comportamiento inusual de los clientes, los cambios en su perfil transaccional y el cobro o envío inusual de giros y transferencias:

Comportamiento inusual del cliente al contratar productos o servicios

1. Proporcionan datos de identificación que resultan inexistentes.

2. Modifican sus datos de identificación frecuentemente presentan constantes cambios de domicilio, o no se localizan en los manifestados.

3. Varios clientes manifiestan el mismo domicilio.

4. Modifican frecuentemente a sus beneficiarios.

5. Muestran disgusto o nerviosismo al aplicarles las políticas de identificación y conocimiento del cliente (se niegan a proporcionar la información requerida, pretenden sobornar al empleado con la finalidad de que acepte información incompleta y/o presuntamente falsa, traen por escrito sus respuestas, evitan el contacto directo con el personal, etc).

6. Tratan de ocultar la identidad del propietario real.

7. Solicitan ser atendidos por determinado empleado de la entidad sin justificación aparente.

8. La entidad tiene información de que el cliente o usuario podría estar involucrado en operaciones fraudulentas o delictivas.

9. No demuestra conocimiento de su actividad económica declarada.

10. Muestra desinterés por los beneficios o rendimientos a obtener.

11. Clientes que no pueden presentarse a una entrevista y administran su cuenta a través de banca electrónica por Internet o tecnología similar.

12. Clientes que por su actividad profesional o económica, estén relacionados con actividades de riesgo (personas políticamente expuestas, etc.).

13. Cliente sin actividad económica aparente, con alta transaccionalidad.

14. Clientes que manejan sus cuentas a través de terceros sin una relación económica o familiar aparente. (Prestanombres)

Comportamiento inusual del cliente o usuario al realizar operaciones:

1. Operaciones por montos inusualmente elevados en efectivo, sin causa justificada.

2. Solicitan discreción en relación con los detalles de la operación, su titular, beneficiario, o motivación.

3. Cuestionan a los ejecutivos sobre los reportes de operaciones o realizan actos de intimidación.

4. Operan cuentas en diversos fideicomisos, observándose incongruentes con el perfil del cliente.

5. Invierten grandes cantidades de dinero en productos de baja rentabilidad.

6. Realizan operaciones de o hacia "territorios con regímenes fiscales preferentes o con países y territorios considerados por el GAFI como no cooperantes”.

7. No le preocupa las comisiones por las operaciones realizadas, o el tipo de cambio aplicable.

8. Operan en sucursales alejadas de su domicilio de donde desarrollan su actividad.

9. Operaciones frecuentes en efectivo por montos bajos, que sumados resultan significativos.

10. Operaciones fraccionadas, con el propósito aparente de eludir la emisión de reportes.

11. Pago anticipado de préstamos y/o créditos, que por sus montos no se justifique en relación al perfil o solvencia del cliente.

12. Clientes con crédito en cartera vencida y de alta morosidad, que repentinamente se presentan a liquidar el crédito en efectivo.

13. Personas físicas o morales que realizan grandes inversiones, cuyos montos no son proporcionales a sus activos, según verificación directa.

14. Sociedades que tienen nuevos propietarios, fueron adquiridas por tener dificultades económicas, cambian su objeto social y realizan operaciones importantes en un corto lapso.

15. Sociedades que efectúan pagos mediante transferencias, a determinados proveedores, con fondos previamente recibidos en efectivo o mediante transferencias de clientes, que presentan coincidencia de cargos y abonos con los proveedores anteriores.

16. Personas sin actividad productiva aparente (amas de casa, estudiantes, jubilados, etc.) que realizan transferencias o depositan grandes sumas de dinero.

17.- Cuentas que reciben depósitos de sucursales ubicadas en zonas fronterizas, cuyos titulares no señalan una actividad económica congruente con la operatividad de la cuenta, realizando retiros en el interior del país en zonas de alto riesgo.

18.- Triangulación de recursos entre diversos clientes de la misma institución, que regresan a la cuenta de origen.

Cambio del perfil transaccional

1. Cambios significativos en el número de operaciones o monto de las mismas, en relación a la actividad real.

2. Operaciones en instrumentos monetarios diferentes a los comúnmente utilizados.

3. Operaciones no acordes con la actividad económica del cliente (transferencias frecuentes desde y hacia el exterior, compraventa de divisas o solicitud de efectivo, compraventa de metales preciosos, cobro o envío de giros, etc).

Cobro o envío inusual de giros y transferencias

1. Recepción de giros y su inmediata transferencia a otros destinos nacionales o internacionales.

2. Recepción de transferencias, las cuales son reenviadas de forma inmediata a otros destinos nacionales o internacionales.

3. Cobro de giros o transferencias en diferentes ciudades del país por un mismo beneficiario.

4. Cobro de giros o transferencias provenientes de diferentes lugares o remitentes por un mismo beneficiario.

5. Diferentes beneficiarios proporcionan los mismos datos de identificación (domicilio, teléfono, etc).

6. Un mismo cliente realiza múltiples transferencias por montos considerables a diversas ciudades o países, dirigidas a diferentes beneficiarios.

7. Uso indiscriminado de transferencias, no acorde al perfil del cliente.

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En el reporte titulado “Factores de Riesgos Específicos del Lavado de Dinero Procedente de la Corrupción” (junio 2012), el Grupo de Acción Financiera (GAFI) dedicó un capítulo a los factores de riesgos específicos asociados a las personas expuestas políticamente (PEP).

La diligencia debida ampliada sobre los PEPs no solo es una recomendación del ente multilateral, sino que es una práctica necesaria para mitigar los riesgos asociados a las cuentas de los funcionarios públicos y a sus asociados.

Presentamos una traducción literal al español de este capítulo del documento por considerarlo de gran utilidad para los profesionales e instituciones reguladas:

Factores de Riesgo de los Clientes

PEPS y Otros Funcionario Públicos

17. Las medidas incluidas en la Recomendación 12 se destinan a (1) Asegurar que las entidades que presentan reportes cuentan con sistemas sensibles al riesgo para identificar a las personas políticamente expuestas nuevas o ya existentes y a otros clientes de alto riesgo; (2) poner en marcha las medidas adecuadas para mitigar el riesgo de que la entidad sea utilizada para legitimar el producto de delitos, incluida la corrupción: y (3) reportar a estos clientes a la UIF de su país cuando se involucran en transacciones sospechosas.

18. El estado de PEP en sí mismo no significa necesariamente que una persona es corrupta o que han sido incriminada en actos de corrupción. No obstante, la continua amenaza de lavado de dinero por PEPs -tanto extranjeros como nacionales- a través de entidades reguladas debe ser manejada para comprender y atacar los potenciales riesgos de lavado de activos asociados a estos clientes y sus transacciones.

19. El GAFI ha entendido desde hace tiempo los riesgos que representan los PEP corruptos para el sistema financiero. Como se explica en el Informe Anual 2003-2004 del GAFI:

[L]as fuentes de los fondos que un PEP pueden tratar de blanquear no son solamente los sobornos, las comisiones ilegales y otros ingresos directamente relacionados con la corrupción, pero también puede ser malversación o robo descarado de los bienes del Estado o de los fondos de los partidos políticos y sindicatos, así como el fraude fiscal. De hecho, en algunos casos, un PEP puede estar directamente implicado en otro tipo de actividades ilegales, tales como el crimen organizado o el narcotráfico. Los PEPs que provienen de países o regiones donde la corrupción es endémica, organizada y sistémica parecen presentar un mayor riesgo, sin embargo cabe señalar que PEPs corruptos o deshonestos se pueden encontrar en casi cualquier país.

20. Además, el Grupo de Wolfsberg, un consorcio que reúne algunas de las mayores entidades bancarias del mundo, ha explicado la naturaleza del riesgo PEP de la siguiente manera: "las personas políticamente expuestas potencialmente representan un mayor riesgo, ya sea porque están en condiciones de ejercer una influencia indebida en las decisiones con respecto al ejercicio de los negocios por parte del sector privado, o tener acceso a las cuentas del Estado y los fondos". Como se señaló en [el documento] “El Blanqueo del Producto de la Corrupción”, las autoridades han descubierto un número significativo de casos en los que las PEPs han sido capaces de blanquear enormes cantidades de dinero a través instituciones reportantes sin haber sido controladas. De hecho, en muchos de estos casos, la entidad ayudó activamente al PEP a hacerlo.

21. Como tal, las relaciones de negocios con personas políticamente expuestas representan un mayor riesgo, debido a la posibilidad de que los titulares de esos cargos pueden abusar de su poder e influencia para beneficio personal y la ventaja, o para el provecho o ventaja personal de la familia y allegados. Estos individuos también pueden a usar sus familias o allegados para ocultar fondos o activos que han sido objeto de apropiación indebida, como consecuencia del abuso de su posición oficial, y las familias y allegados de los PEPs a veces han encontrado que se benefician de la corrupción a sí mismos. PEP también pueden tratar de usar su poder e influencia para obtener representación y/o acceso a, o el control de personas jurídicas con fines similares.

22. El GAFI exige que las instituciones reportantes consideren cada transacción con un PEP extranjero como de alto riesgo. Por ejemplo, la Recomendación 12 requiere una vigilancia reforzada y permanente de este tipo de relación comercial. Esto incluiría, por supuesto, las transferencias de fondos a las cuentas de PEP, o en las cuentas de sus familiares o socios, y estar alerta a estas operaciones y el riesgo de que puedan constituir sobornos o el producto de otras actividades corruptas.

23. Es importante, sin embargo, entender que no todos los PEPs representan el mismo nivel de riesgo. Las instituciones reportantes, en la evaluación de riesgo de las cuentas de PEP, deben tener en cuenta este factor. Como se discutió en el presente informe, este riesgo puede variar dependiendo de numerosos factores, incluyendo el país de origen del PEP, la industria/sector involucrado, y los productos y servicio utilizados. El riesgo también variará dependiendo de factores tales como la naturaleza de la posición y la naturaleza/propósito de la cuenta. Además, incluso después establecido el riesgo, se debe tener cuidado para asegurar que las transacciones de la cuenta son consistentes con el propósito indicado.

Naturaleza de la Posición

24. Mientras que todos los titulares de cargos públicos pueden tener oportunidades de corrupción, hasta cierto punto, los que tiene autoridad sustancial sobre o el acceso a los bienes del Estado y los fondos, las políticas y operaciones -incluyendo la asignación de premios, otros gastos públicos, el uso de los recursos propiedad del gobierno y el control de aprobaciones reguladas, incluida la asignación de licencias y concesiones- pueden suponer un riesgo mayor que otros. Su vulnerabilidad a la corrupción real puede variar, dependiendo del grado en que se ejerce un control jerárquico. Estas personas también disfrutan de un estatus especial en su país de origen, debido a su poder ejecutivo, legislativo, judicial, su función administrativa, militar y/o burocrática. Ellos están en una posición única de influencia en su Estado-Nación y tal vez diplomáticamente cuando actúan en el extranjero.

25. Importantes asuntos de corrupción política, tales como las desarrolladas por Abacha y Lazarenko*, nunca hubiera sido posible, por lo menos a esa escala, sin la capacidad de controlar los mecanismos establecidos para prevenir y detectar los delitos cometidos. En el momento en que los fondos fraudulentos se giran en capas y se integran en las instituciones financieras extranjeras, se pierde para siempre la habilidad de poder comprender razonablemente el origen de los fondos. El GAFI ha señalado:

Un PEP, actuando solo o en colaboración con otros actores ilegales, puede, en un régimen autocrático tener control total sobre todos los mecanismos de gobierno (el poder judicial, la policía, el ejército y la burocracia reguladora), así como los medios de comunicación. El mismo control que permite al PEP mantenerse en el poder es el mismo control que le permite ocultar y mover su dinero.... [E]n cada uno de los casos de corrupción más importantes que hemos estudiado, el PEP tenía la capacidad de controlar el gobierno nacional para evitar la detección y permitir disfrazar y mover el dinero. Sólo después que los controles que tenía el  PEP fueron eliminados, por ejemplo, mediante un cambio de régimen, el país tuvo la capacidad de detectar tanto el lavado de dinero como el crimen.

26. En casi todos los casos recientes de corrupción a gran escala, la detección e investigación de la actividad delictiva de los jefes de gobierno se produjo sólo después de que hubiera un cambio de gobierno, cuando corruptos específicos cayeron en desgracia o si hubo protestas públicas generalizadas después de ser públicamente expuesta la corrupción. Mientras que las personas políticamente expuestas estuvieron en el poder, no había ninguna oportunidad real para que los organismos nacionales encargados del orden público investigaran los delitos financieros. Las UIFs extranjeras, incluso si tienen pruebas de corrupción, pueden dudar en compartir dicha información con el país de origen, habida cuenta de la futilidad de reportar transacciones sospechosas al gobierno responsable. Por otra parte, algunos países proporcionan inmunidad a los jefes de gobierno y a otros altos funcionarios públicos, y sólo podrán renunciar a dicha inmunidad una vez que el funcionario público ha dejado la oficina. Esta inmunidad también puede desalentar a las entidades o instituciones extranjeras de enviarles reportes de transacciones sospechosas.

27. Por supuesto, estas dificultades no eximen a las entidades informantes de su obligación de tomar las medidas adecuadas (lo que puede significar terminar la relación de negocios) para prevenir el lavado de dinero. El reciente informe de la FSA [Financial Services Authority de Reino Unido] sobre el manejo de los bancos ante las situaciones de alto riesgo de lavado de dinero señala que un tercio de todos los bancos incluidos en la muestra estaban dispuestos a aceptar niveles muy altos de riesgo de lavado de dinero si el riesgo reputacional inmediato era bajo (por ejemplo, si el cargo del supuestamente político corrupto parecía seguro). La FSA también encontró ejemplos de empresas que desestimaron graves acusaciones contra los clientes, incluyendo las acusaciones de corrupción, si los cargos criminales en contra de que el cliente no había sido presentados.

28. Mientras que a las entidades que reportan el GAFI les requiere de forma explícita aplicar un mayor nivel de escrutinio a las personas políticamente expuestas extranjeras, existe un riesgo asociado con la corrupción de otros funcionarios públicos, así: en particular, algunos funcionarios públicos que tienen un papel importante en compras significativas, contratos de exportación, [otorgamiento de] licencias y otras actividades con considerables consecuencias económicas para los intereses de sus partes, puede ser mucho más expuestos a la corrupción a gran escala que sus contrapartes en sectores menos riesgosos.

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* Sani Abacha fue presidente de Nigeria desde noviembre de 1993 hasta su muerte en junio de 1998. Después que un nuevo régimen llegó al poder, se descubrió que Abacha y su familia habían robado entre USD 2.500 y 4.000 millones de dólares del tesoro nacional. Pavel Lazarenko fue Primer Ministro de Ucrania desde mayo 1996 hasta julio 1997. Participó en cinco diferentes esquemas de corrupción, incluidos extorsión de fondos a las empresas que deseaban hacer negocios en Ucrania.

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 Contar con una matriz de riesgos es fundamental para identificar y medir la exposición a riesgos de la empresa y poder contar con un sólido programa de cumplimiento contra el LA/FT. Actualmente con la divulgación de informaciones sobre Gestión de Riesgos, la elaboración de una matriz a pesar de ser un proceso complicado y delicado, es relativamente fácil de realizarlo.

Son muchos los factores que pueden ser considerados y mientras más sean incluidos, más completo y efectivo será el proceso de asignación de niveles de riesgos dentro de la organización. Dependiendo del nivel de complejidad de las operaciones de la empresa y de los riesgos a los que está expuesta, las matrices deben incluir el número de factores necesarios para poder hacer un análisis adecuado del potencial riesgo.

Algo fundamental es que se deben contemplar factores de los cuales se tenga información certera y precisa. No tiene sentido incluir en la matriz factores de los cuales no se tiene información. Por ejemplo, decidir contemplar los “antecedentes penales” de los clientes como un factor de riesgo, si no tenemos forma de acceder a bases de datos judiciales y no se cuenta con servicios que suministren una información precisa al respecto. 

Algunas matrices pueden incluir hasta 30 factores diversos, dependiendo del acceso a la información que se tenga disponible. Sin embargo, existen algunos factores básicos que no deben ser ignorados y que deben estar incluidos en todas las matrices:

1. Antigüedad de la relación con el cliente: considera el riesgo en función del tiempo de relación comercial. Cuanto más antiguo es el cliente, se reduce la posibilidad de riesgos ya que existe un conocimiento más profundo de los distintos aspectos relacionados a la práctica que se ha venido llevando adelante en la relación; algo que no existe con un cliente nuevo.

2. Tipo de cliente: Primero es necesario evaluar si se trata de una persona física (donde el riesgo es menor) o jurídica considerando en el último caso el tipo de sociedad que la conforma. El mayor riesgo que presenta una sociedad es el impedimento de conocer al beneficiario final, siendo menos riesgosas aquellas compañías que cotizan en bolsa o entidades financieras sujetas a regulaciones ALD/CFT. Tanto en el caso de personas físicas como en el de las jurídicas se debe verificar si se trata de PEPs, en cuyo caso debe considerarse como cliente de alto riesgo.

3. Actividad: identificar si la actividad es susceptible al lavado. Constituirán menor riesgo aquellas actividades relacionadas con la producción y elaboración de productos/mercaderías. Mientras que el mayor riesgo lo constituirán aquellas actividades donde hay un flujo alto de dinero en efectivo, las actividades relacionadas con el juego, las entidades de beneficencia y fundaciones sin fines de lucro, industrias químicas y farmacéuticas y aquellas que manejen alto flujo de transferencias.

4. Nacionalidad: Evalúa el origen del cliente. Se consideran de mayor riesgo aquellos clientes provenientes de países con baja o nula tributación o con legislación incompatible a las normativas del GAFI. Mientras que un nivel medio de riesgo se asocia a países que no llegan a adecuarse a las recomendaciones del GAFI o considerados riesgosos para FinCEN.

5. Países de baja o nula tributación: Analiza el riesgo de entablar relaciones comerciales con clientes naturales de países de baja o nula tributación, considerado de riesgo máximo.

6. Países incluidos en la lista de FATF/GAFI: evalúa el riesgo relacionado a clientes ubicados en países donde existen contra medidas a las recomendaciones del GAFI, como Irán y Corea del Norte. Países con deficiencias en materia ALD/CFT. 

7. Zona geográfica local: evalúa el riesgo según la ubicación de la sucursal donde opera el cliente o donde mayores operaciones lleva a cabo. Considerándose de mayor riesgo las localidades cercanas a las fronteras, puntos de salida como aeropuertos o puertos, zonas donde se concentran en abundancia actividades informales, grandes urbes, zonas de libre comercio, zonas con alto índice de narcotráfico y delitos financieros.

8. Tipos de transacciones, productos y servicios que utiliza el cliente: considera el riesgo según los productos que demanda el cliente. El alto riesgo se constituye según si están involucradas grandes sumas de dinero, si se trata de productos endosables al portador, cuando se permite que se involucre a terceros, servicios con alto grado de anonimato o gran velocidad de movimiento, compra y venta de moneda extranjera, banca electrónica, cuentas de concentración o recaudación, instrumentos monetarios y servicios fiduciarios y de gestión de activos.

9. Perfil transaccional: define el riesgo en función de los valores que se proyectan para los movimientos de una determinada entidad, según el perfil transaccional. Se toma en cuenta la situación patrimonial y toda la información previa respecto a la entidad. Los clientes se diferencias según lo que se estima esperable para sus operaciones, estableciendo diferencias entre persona física y jurídica. A mayor volumen de dinero en las transacciones, mayores deberán ser los controles.

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Los oficiales de cumplimiento usualmente deben analizar los nuevos productos y servicios para comunicarles a las juntas directivas los peligros que estos implican para la institución. A juicio del consultor Ricardo Sabella, esto es parte de la, muchas veces, incomprendida labor del personal antilavado de dinero.

En una entrevista exclusiva realizada por Fernando Martínez y Juan Alejandro Baptista, el experto uruguayo ofreció importantes recomendaciones para manejar adecuadamente la creación de nuevos productos o servicios en las industrias reguladas, con el objetivo de mitigar los riesgos sin obstaculizar las iniciativas comerciales.

Sabella, quien será uno de los oradores en la VI Conferencia Anual Latinoamericana Sobre lavado de Dinero de ACAMS que se realizará en Cancún (México) del 1 al 3 de agosto, también ofreció detalles sobre la nueva Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo aprobada recientemente en Uruguay.

-Continuamente las empresas incorporan nuevos productos o servicios... ¿Cómo se puede evitar que estos productos / servicios afecten el cumplimiento antilavado?

Fundamentalmente en el proceso de creación de nuevos productos o servicios, deberíamos analizar si los procesos utilizados para comercializar y operar esos nuevos servicios, e incluso los recursos humanos y tecnológicos afectados, son los mismos que para el resto de los servicios regulares de la empresa. O bien se requieren nuevos procesos o recursos, o modificar los existentes. Es allí donde tendremos el mapa para comenzar el análisis de riesgos e identificar posibles eventos que afecten a los procesos y recursos vinculados con los objetivos del sistema antilavado: esto es prevención, detección y reporte.

Sabemos que de alguna forma los generadores de riesgo en el sistema antilavado de las instituciones lo constituyen los clientes, los canales de distribución, las jurisdicciones y los productos. Entonces, debemos considerar a qué mercado se dirige el nuevo servicio, a través de qué canal se comercializará y se ejecutará el vínculo operativo y qué jurisdicciones se involucrarán con el producto.

Un servicio está compuesto de acciones y transacciones, cada una de ellas en forma particular puede presentar vulnerabilidades distintas y el objetivo del análisis es identificar los riesgos que resultan de la combinación de las transacciones vinculadas al nuevo producto. Ejemplo: una operación de depósito en efectivo puede estar vinculada a un producto de caja de ahorros, cuenta corriente, depósito a plazo o de inversiones bursátiles. En este caso el riesgo está representado para la transacción de depósito y por la función que esta cumple en cada producto.  

-Es frecuente que las empresas emitan nuevos productos pensando solo en el "rendimiento" y no en los "riesgos". ¿Qué recomendaciones puedes dar a los oficiales de cumplimiento para que logren destacar los peligros asociados a los nuevos productos sin parecer un elemento "obstruccionista" dentro de la empresa?

Es normal que los oficiales de cumplimiento busquen y comuniquen los peligros relacionados con los productos y transacciones. Es parte de su, muchas veces, incomprendida tarea. Puede que si las juntas directivas se encuentran con un informe de riesgos del nuevo producto que incluya las formas posibles de controlarlos y mitigarlos, con los recursos económicos asociados a dichos controles, se pueda analizar realmente como se castigará el rendimiento de cada producto.

A la vez, se debería presentar distintas sugerencias de modificación sobre el producto, tipos de clientes, geografías y canales que minimicen el riesgo inherente. De esta forma se elevaría el rendimiento del producto por menor consumo de recursos de cumplimiento  para balancear la ecuación. Esto es lo mismo que, por ejemplo sugerir el enfoque en los tipos de clientes de menor riesgo y mayor rentabilidad. La idea pasa por presentar tanto posibles amenazas, como fortalezas del nuevo producto y no decir solo: ¡No se puede!

-El mundo virtual es una de las áreas de gran riesgo donde más nuevos productos han surgido en los últimos años. ¿Qué nivel de riesgo representan la banca en línea y las "economías" de comunidades virtuales en Uruguay?

Si bien en el país este tipo de áreas están siendo exploradas, aún no se han detectado eventos que impliquen preocupaciones importantes en materia de cumplimiento. Las principales debilidades en éste ámbito hoy están relacionadas con el fraude y con la economía informal que puede resultar ligada a las redes. A pesar de que la posibilidad de creación y operación de productos en línea es una realidad en Uruguay, no son muchas las ofertas de productos globales, y en el ámbito local el tamaño y la geografía del país no es excusa para establecer el contacto personal a la hora de concretar nuevas relaciones comerciales.

-En el caso de las instituciones financieras uruguayas, ¿hay conciencia de parte de las juntas directivas sobre la importancia de destinar recursos al cumplimiento antilavado de dinero?

La conciencia fue evolucionando al mismo ritmo que las regulaciones, los controles del gobierno, bancos corresponsales y contrapartes. Hoy en su gran mayoría las instituciones uruguayas cuentan con personal especializado en cumplimiento y desde hace un tiempo se vienen realizando importantes inversiones, sobre todo en el área de capacitación. Es de esperarse que poco a poco se profundice más en la importancia de este tema por parte de todos los sectores del ámbito privado, en línea con la nueva Estrategia Nacional Antilavado recientemente presentada por la Presidencia de la República.

-Para profundizar más en esta estrategia que presentó el gobierno uruguayo este lunes 16 de junio, ¿qué beneficios le trae al país la implementación de este plan?

En primer lugar, este plan es el resultado de un análisis de riesgo en el que han participado todos los sectores. Bajo la asistencia del FMI [Fondo Monetario Internacional] se efectuó un trabajo muy serio de identificación de vulnerabilidades a través de un ejercicio técnico desarrollado con un amplio consenso interinstitucional. Es por ello que la participación y concientización de todos los sectores en este programa es el principal beneficio.

En segundo lugar, la necesidad de proteger la integridad y estabilidad de los sistemas económico financieros requiere ordenar y coordinar los esfuerzos entre las autoridades de supervisión, de inteligencia, policiales, fiscales y judiciales. Las organizaciones criminales y terroristas operan de manera altamente organizadas con sus propios planes de enriquecimiento y expansión. Por lo que el beneficio del plan es hacer frente a las amenazas detectadas, igualmente organizados y alineando las acciones estatales.

El fortalecimiento del sistema nacional antilavado de activos, con un enfoque en riesgos, está en línea con las actuales recomendaciones del GAFI. Uruguay fue el primer país del Cono Sur en reconocer esta necesidad y viene trabajando desde hace tiempo en este plan, inclusive antes que Perú, a pesar que éste lo lanzó a mediados de 2011. Con lo cual, este programa le permite al país estar enfocado en las nuevas recomendaciones y generar experiencia en su efectiva aplicación.

-¿Cuáles son las principales debilidades en materia de ALD / CFT deben ser atendidas en este plan nacional?

Si bien el detalle del diagnóstico de riesgos no es un documento público, el mismo fue elaborado teniendo en cuenta las debilidades identificadas en el sistema de prevención, detección y de represión penal. El ejercicio ha dado como resultado ciertos asuntos prioritarios a atender que se podrían clasificar en estructurales y funcionales.

Los principales objetivos se encuentran orientadas a mejorar la regulación, supervisión y cumplimiento de ciertos sectores, sobre todo los no financieros; mejorar las condiciones para el conocimiento del beneficiario final de ciertas estructuras societarias; trabajar para incrementar y mejorar los recursos del sistema procesal penal.

La situación geográfica de Uruguay y el alto volumen de intercambio financiero con los países de la región hacen elevar la exposición a los riesgos derivados de delitos como la corrupción, el narcotráfico, trata de personas, contrabando y piratería que se generan fuera de los límites del país.

Una variable estructural a mitigar es el nivel de informalidad económica, aunque el mismo no es elevado en comparación a otros países de América latina. Los sectores que representan mayor preocupación son el comercio exterior, financiero, turismo, inmobiliario/construcción, agropecuario, contrataciones deportivas, casinos y asociaciones público privadas. 

-Hasta hace unos años Uruguay era considerado un paraíso fiscal y una jurisdicción de secretismo con elevado riesgo de lavado de dinero… ¿Cree usted que los esfuerzos legislativos y regulatorios adelantados en los últimos años han logrado cambiar esa percepción? ¿Es hoy un país de menos riesgos?

Definitivamente Uruguay hoy es un país de menor riesgo que hace unos años. La consideración de paraíso fiscal se había derivado fundamentalmente por el abuso de una estructura societaria denominada Sociedad Anónima Financiera de inversión (SAFI), la cual fue eliminada. El resto de las condiciones para ser denominado como paraíso fiscal no están muy claras. Puede ser quizás por no considerar el delito fiscal como precedente de lavado de activos, al igual que muchos países en el mundo. Hoy Uruguay comienza a analizar la posibilidad de incorporación de este delito para estar en línea a los reclamos internacionales. Aunque sabemos que el tema aún presenta en todo el mundo algunas adhesiones y también posiciones en contrario.

Desde 2008, Uruguay ha incorporado en la regulación financiera la obligación de adoptar medidas en función del riesgo. Ha trabajado en nueva legislación, mejorado los recursos destinados a la supervisión y control. El resultado de este esfuerzo puede verse claramente en la última evaluación mutua realizada al país en el marco de la tercera ronda. Es el segundo país del GAFISUD mejor evaluado en el cumplimiento de las recomendaciones core, con un nivel de cumplimiento muy por encima del promedio de los países del GAFISUD (más del 80% de estas recomendaciones cumplidas o mayoritariamente cumplidas). En dicha evaluación, Uruguay no tiene recomendaciones core en situación de incumplimiento.

El plan que se está presentando seguramente va a lograr cambiar la percepción dado que es considerado como una política de estado con fuerte compromiso político del más alto nivel.    

-¿Están las autoridades y los sujetos obligados atendiendo adecuadamente el delito del financiamiento del terrorismo?

Los controles y obligaciones para luchar contra este delito están establecidos en las reglamentaciones emitidas por el Banco Central del Uruguay y el delito está tipificado en la legislación. Todos sabemos que es uno de los delitos o quizás el más difícil de detectar, motivo por el cual todos los esfuerzos siempre pueden resultar escasos para atenderlo en forma adecuada. Si bien en el análisis efectuado no se han detectado riesgos mayores en lo que respecta al financiamiento del terrorismo, hay fuerzas especiales que están siendo entrenadas con la colaboración de expertos internacionales para fortalecer la lucha contra este flagelo.

Lic. Ricardo Sabella, CAMS – Es coordinador del Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por ISEDE/Universidad Católica del Uruguay. Es director de MVC Risks, una empresa dedicada a la consultoría y capacitación en prevención de lavado de dinero.

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En 2014, un estafador embaucó a un inversionista para que abriera una cuenta en un importante banco estadounidense. Los gerentes bancarios de la institución intuyeron el fraude y rechazaron la solicitud, de la misma manera que ya lo habían hecho dos instituciones de localidades cercanas. El inversionista entonces abrió una cuenta en el mismo banco, pero en una sucursal en otro estado, sin que ninguna de las otras sucursales lo supiera.

Posteriormente la víctima del fraude, quien finalmente perdió millones de dólares, demandó sin éxito al banco por las sumas perdidas, según Nelson Everhardt, presidente de Everhardt and Associates, de Carolina del Norte, y ex ejecutivo principal de cumplimiento del Bank of America. Todo ello podría haberse evitado si el banco hubiera incluido en una lista negra al cliente y lo hubiera mantenido alejado en primer lugar, dijo.

Aun cuando los bancos adquieran y utilizan sistemas de filtración costosos para bloquear transacciones de individuos y compañías que se encuentran en listados de sanciones económicas, los reguladores financieros cada vez más están investigando acerca de otro grupo: los clientes que ya habían detectado previamente actividades sospechosas o que estaban en presencia de delitos, indicaron algunos ex banqueros.

“Esto ha sido un problema durante mucho tiempo”, aseveró Everhardt, agregando que como los reguladores han aumentado su escrutinio sobre los bancos con relación al fraude financiero y el lavado de dinero, también están “prestando más atención”, a cómo las instituciones se están aislando de los clientes que han rechazado por considerarlos demasiado riesgosos.

Por supuesto, no es tan simple como pegar un cartel de “Buscado” en la puerta o darle un nombre a los cajeros, advirtiéndoles que no hagan operaciones con esa persona.

Proteger a una institución de un individuo, negocio o entidad con el cual el banco no quiere realizar más operaciones es un proceso arduo que abarca a todos los integrantes del banco, incluidos los cajeros, procesadores, el personal de transferencias, hipotecas e incluso los agentes-corredores y otras subsidiarias, dicen algunos oficiales de cumplimiento.

Para contrarrestar de manera efectiva cualquier deficiencias en el procesamiento de clientes y transacciones –un desafío especialmente difícil para las instituciones grandes que ofrecen una variedad de productos y servicios–, el banco “debe elaborar una lista interna de gente no deseable”, dijo Marie Kerr, presidenta of Shamrock AML, consultora de Maryland.

Además, la lista debe vincular a varias divisiones del banco que generalmente “nunca se comunican entre sí”, explicó, como los cajeros, las unidades de transacciones con tarjetas de débito y crédito, de procesamiento de cheques, de cumplimiento antifraude, antilavado de dinero y de administración del riesgo.

Eso no siempre sucede porque, aunque algunos bancos tienen varias sucursales en una determinada área o en varios estados y comparten información, no toda esa información está relacionada, especialmente los detalles más sensibles de las cuentas, dándole así a los criminales un punto débil que pueden explotar.

¿Cómo enfrentar el problema?

“Cualquier departamento o división que pudiera identificar a sujetos peligrosos para la institución debe tener acceso a la lista y debe poder actualizarla en tiempo real”, consideró Kerr, quien agregó que un cliente anterior y problemático puede tratar de ingresar al banco por teléfono o en línea.

Los bancos también pueden alterar indebidamente su propia lista de “chicos malos” e incluirla en otros programas de vigilancia ya existentes, como la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), dando parámetros similares de información para que la institución compare “manzanas con manzanas” en todos sus sistemas de filtración, añadió.

Otra medida es que la lista interna de vigilancia debería tener tanta información disponible como fuera posible sobre la persona, incluido el número de Seguridad Social, una copia de la licencia de conducir, el pasaporte o visa, los nombres de cualquier negocio del cual el individuo fuera el dueño beneficiario y los números de identificación tributaria correspondientes, indicó Kerr.

Una forma de ayudar al banco a prepararse y enfrentar la infiltración por parte de ex clientes es no solamente identificando sus cuentas en el banco –podrían haber tenido cuentas de cheques, de ahorro, hipotecas, seguros de vida o inversiones con títulos valores en toda la institución–, sino también podría identificar a cualquier individuo que conocieran o quien estuvieran asociados, señaló la experta.

Algunos de los sistemas más nuevos –sea del tipo de sistemas listo para usar o el adaptado especialmente al cliente– también le permiten a los bancos cargar una foto del cliente, vínculos en Internet con sus negocios o incluso copias de sus cheques, para comparar las firmas, indicó Ryan Rasske, presidente de Associated Risk Group, consultora de cumplimiento bancario de Wisconsin.

“Pero no todas las instituciones pequeñas y medianas tendrían acceso a eso, porque todavía realizan procesos manuales” y los reguladores están tratando de llevarlos a eso para que mejores sus formatos digitales de información, advirtió el consultor.

El sistema de listas internas de vigilancia “a nivel general de la empresa”, sin embargo, puede ser frustrado por una verdad simple pero insuperable: cualquier persona que estén tratando de mantener alejada del banco pueden simplemente cruzar la calle e ir a otro banco en el cual nunca han estado antes, dijo Rasske.De acuerdo con la sección 314(b) de la Ley USA Patriot, los bancos están autorizados a intercambiar información sobre clientes sospechosos, pero esa disposición está “subutilizada”, afirmó. “Los bancos están preocupados por el tema de la privacidad y [el intercambio de información] es una opción. Es algo que no están obligados a hacer”.

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La capacitación es uno de los pilares fundamentales de todo programa de prevención y combate del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo. Tanto las regulaciones locales como los estándares definidos por los organismos internacionales establecen obligaciones de entrenamiento y formación continua para el personal que labora en los departamentos de cumplimiento, así como para las juntas directivas y todo el personal de los sujetos obligados.

Muchas veces cuando las empresas no destinan suficientes recursos financieros a la capacitación, los programas y actividades de formación recaen sobre consultores y hasta los mismos oficiales de cumplimiento, quienes muchas veces tienen una amplia experiencia en el tema, pero muy pocos recursos y habilidades pedagógicas.

Por tal razón, presentamos una serie de recomendaciones que pueden ser muy útiles para aplicar un efectivo programa de capacitación:

?         Identificar los elementos que deben ser comunicados y cómo es la mejor forma de hacerlo. Muchas veces un Memo un mensaje de e-mail puede cumplir con el objetivo sin necesidad de una sesión formal de entrenamiento.

?         Determinar la audiencia dependiendo del área funcional, así como de su nivel jerárquico (empleados, gerentes, etc.). Esto debe ser acompañado con una pequeña descripción de por qué debe ser entrenado cada grupo. Los nuevos empleados deben estar en una categoría distinta al resto del personal.

?         Identificar los aspectos que necesitan ser cubiertos con la capacitación. Éstos pueden haber surgido luego de una auditoría o inspección, o pueden haber surgido por cambios en el sistema

?         Determinar quién puede ser la persona más indicada para elaborar e impartir el programa de entrenamiento.

?         Crear un resumen y el currículo del curso en el que se definan los objetivos y resultados deseados para cada grupo de la audiencia. Se debe definir cómo será presentado el material académico.

?         Establecer un calendario entrenamiento que identifique los demás y la frecuencia de cada curso. Es recomendable concentrar varias sesiones para minimizar el tiempo que el personal pasa fuera de su posición de trabajo.

?         Registrar la asistencia. Los participantes deben firmar una lista de asistencia y se les debe entregar un recordatorio de las sesiones futuras que deben cumplir. Las inasistencias y fallas en el cumplimiento de la capacitación deben ser castigadas con alguna acción disciplinaria que afecte la historia del empleado.

?         Utilizar nuevas tecnologías y recursos que sirvan para hacer más comprensibles los contenidos. Las animaciones, ilustraciones, gráficos y hasta los videos pueden tener un efecto más duradero cuando se trata de procesos complejos, cifras y comparaciones.

Tres consejos

Hay tres consejos claves que los entrenadores deben seguir para garantizar la efectividad del programa de capacitación:

1. La capacitación debe ser vista como una inversión en prevención, no como un gasto de cumplimiento. Por tal razón, es importante hacer una adecuada estimación presupuestaria. No siempre lo más caro es lo mejor, pero tampoco lo más barato es siempre lo más conveniente. Es importante entender cada uno de los componentes del programa de capacitación, para poder estar consciente de los costos.

2. Ser consistente con otros programas de entrenamiento internos de la organización. Una presentación como un y un diseño similar aumentarán la efectividad de los recursos de capacitación implementados por distintas áreas de la empresa.

3. Ser sensible y estar consciente de las necesidades y limitaciones de la audiencia, así como de las expectativas del programa de capacitación. Es importante que el entrenamiento será fácil de entender y distribuido en pequeñas piezas de información. También la ubicación y la hora del día son factores que deben ser considerados, ya que no es recomendable un entrenamiento inmediatamente después del almuerzo. Además es importante tomar en cuenta si los asistentes a la capacitación tienen que trasladarse de un lugar a otro, por lo cual la ubicación es algo determinante.

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Los estafadores especializados en fraudes mediante tarjetas de crédito diseñan estrategias orientadas a los distintos actores que participan en el procesamiento de los pagos electrónico, desde los titulares de las cuentas hasta los negocios minoristas. En este caso que presentamos, los criminales se enfocaron en una pizzería ubicada en el suroeste de Florida (USA), aunque la estrategia había sido utilizada en numerosas ocasiones a lo largo de todo el estado.

Lo particular de este caso es que la organización delictiva realizaba un doble crimen: robaban electrónicamente los datos de tarjetas de crédito y sus titulares; luego con esa información ejecutaban una estafa a los comercios mediante órdenes telefónicas.

El método

El encargado del negocio recibió una orden telefónica de un cliente ubicado fuera de la ciudad. El pedido era de comida para un evento grande, al que asistirían cientos de personas. El cliente afirmó que no podía recoger la comida, por lo cual le pidió al empleado del restaurante que le hiciera el envío a través de una empresa de servicios de entrega a domicilio.

El encargado del restaurante no tuvo inconvenientes y aceptó coordinar con el agente despachador. El único inconveniente era que el agente no aceptaba pagos con tarjetas de crédito. El estafador le preguntó al empleado de la pizzería si podía incluir en la factura el monto por el envío y luego transferir el dinero al agente despachador.

Ante una orden superior a los US$ 35.000, el empleado no se resistió y no consideró que tuviese algún riesgo de por medio, ya que la pizzería recibiría el dinero completo, incluso el del despachador. El pago fue hecho por US$ 23.000 con cuatro tarjetas de crédito diferentes, que estaban a nombre de distintas personas y empresas. A los pocos minutos, la pizzería ordenó la transferencia de US$ 10.000 a una cuenta en un banco off shore a nombre de la firma “Investment XXXXXXX”, la cual resultó ser una sociedad anónima.

En pocas horas los pagos fueron rechazados, porque las tarjetas eran robadas. El restaurante perdió los US$ 10.000 transferidos al supuesto agente distribuidor y tuvo que demostrarles a las autoridades que no era cómplice de la red de estafadores y que, por el contrario, fue víctima de una estafa.

Fallas y alertas

• La lógica del pedido. Si una pizza grande para 3 personas cuesta en promedio US$15 y se recibe una orden sobre los US$ 35;000, es obvio que la actividad debe ser para cientos de personas.  El empleado ha debido dudar de la orden y pedir más información: lugar y fecha del evento, nombre de la empresa organizadora, etc.

• El pago fue procesado con 4 tarjetas diferentes: dos a nombre de individuos y dos a nombre de empresas. Si una empresa organiza un evento de tales dimensiones, debe estar preparada para hacer los pagos respectivos mediante procesos fiables.

• El empleado ha debido sospechar del pago hecho con múltiples tarjetas de crédito individuales, cuando el evento era de una empresa.

• Al no tener a los titulares de las tarjetas en persona, ha debido exigir al menos una copia de las identificaciones de los titulares y de las tarjetas (por fax o email) para procesar un pago tan elevado.

• Al ordenar la transferencia al supuesto agente despachador, el encargado de la pizzería ha debido sospechar de que una empresa extranjera, hiciera una orden.

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Durante los últimos  años se han firmado cientos de acuerdos globales de intercambio de información impositiva entre distintos gobiernos y jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. La presión internacional se incrementa y cada vez parece estar aproximándose el fin del secretismo bancario.

El tema de la evasión fiscal ha crecido desde que tomó un lugar central en la reunión del G-20 en Londres en el pasado. El grupo emitió una declaración poco común, de lenguaje severo, en la que indicaba que “se terminó la era del secretismo bancario” y que los miembros estaban listos para sancionar a las jurisdicciones no cooperadoras.

Suiza, uno de los íconos históricos de esta práctica bancaria, no ha escapado a estas presiones y parece ser el blanco favorito de quienes buscan fondos ilegales o no declarados a las autoridades fiscales.

El acuerdo firmado el pasado 19 de agosto entre el gigante suizo UBS AG y el gobierno de Estados Unidos parece ser el comienzo de una nueva era en el mundo del secretismo bancario, ya que la institución bancaria divulgará los nombres de 4.450 titulares de cuentas en el UBS sobre los cuales existen sospechas de evasión impositiva.

Luego de este convenio, algunos analistas fiscales aseguran que la presión internacional sobre la banca suiza aumentará, ya que se espera que otros doce países también exijan y presionen para obtener información sobre evasores de impuestos.

Francia, Alemania, el Reino Unido y otros países están negociando actualmente con el gobierno suizo para obtener información sobre bienes ocultos, sea en el UBS o en otros bancos, según una declaración del Ministro de Finanzas suizo realizada el 21 de agosto.

Las autoridades impositivas de esos países creen que el acuerdo obtenido por los EE.UU. logró penetrar en el régimen de secreto bancario suizo, según Lucy Komisar, fundadora de la oficina en los EE.UU. de la organización belga Red de Justicia Impositiva.

Alemania y Francia —los dos países de la Unión Europea que han ejercido más presión para lograr debilitar las leyes de secretismo suizas— “no se van a sentar y ver que los estadounidenses obtengan mucho de lo que ellos quieren” y van a pedir lo mismo para ellos, dijo Komisar.

En agosto, el Ministro de Finanzas suizo firmó un acuerdo impositivo fortalecido con Dinamarca y anunció negociaciones con Austria, Finlandia, Japón, Luxemburgo, Holanda y Qatar. Más allá de eso, Argentina y Brasil han dado señales de que tratarán de obtener acuerdos similares, según Lydia Bulas, ex investigadora del Servicio de Rentas Internas de los EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés).

A finales del mes pasado, el Ministro de Ingresos Nacionales de Canadá, Jean Pierre Blackburn, declaró que su agencia se va a reunir con el UBS analizar qué bienes canadienses podrían estar ocultos en las cuentas del banco y “obtener información sobre la cantidad de dinero que podría representar”, según un informe de la publicación Globe and Mail.

El presidente del UBS Kaspar Villiger informó recientemente que la evasión sistémica pasada a través de su banco estaba limitada solamente a clientes estadounidenses, y que una “acción unilateral” de la Unión Europea para forzar intercambios de información significaría que el dinero “sería trasladado a Asia”, según el diario suizo NZZ am Sonntag.

Funcionarios del UBS no respondieron a numerosos llamados y mensajes de correo electrónico enviados para consultarles si habían recibido pedidos de información de otros países.

Bancos Preocupados

El aparente debilitamiento del secretismo bancario suizo, que durante mucho tiempo atrajo a acaudalados clientes extranjeros, ha generado preocupación entre otros bancos regionales que ven al acuerdo del UBS como una advertencia, según el oficial de cumplimiento de un importante banco suizo, quien pidió no ser identificada: “Estamos preocupados por quedar involucrados en una investigación”. Muchos bancos suizos están “cortando sus vínculos con sus clientes estadounidenses de banca privada”, pero aún así podrían encontrarse sujetos a acciones legales o a pedidos de información sobre clientes anteriores o a pedidos de otras jurisdicciones, lo que puede volverse costoso rápidamente, indicó la fuente.

De los más de 330 bancos en Suiza que tienen unos US$3,5 billones en fondos offshore, 150 son sucursales de bancos extranjeros, muchos de los cuales optaron por ubicar sus operaciones de banca privada en el país debido a sus leyes de secretismo bancario, según la Asociación de Banqueros Suizos.

Los bancos de la Unión Europea con operaciones de banca privada en Suiza –Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas y otros– también podrían encontrarse recibiendo citaciones judiciales a medida que las autoridades de los EE.UU. y la Unión Europea busquen encontrar información que podría ayudar en las investigaciones en curso actualmente, declaró Bruno Gurtner, presidente de la Red de Justicia Impositiva a nuestra filial Inform/Moneylaundering.com el pasado 22 de abril.

¿Un nuevo estándar?

Los gobiernos extranjeros probablemente –igual que los Estados Unidos– buscarán elaborar acuerdos de intercambio de información que incluyan determinadas cuentas que se cree son controladas por evasores fiscales, según un alto funcionario de un grupo de vigilancia sobre corrupción internacional que pidió no ser identificado. “La pregunta clave es: ¿países como Canadá, que ha sido muy conservador sobre este tema, y el Reino Unido, que tiene paraísos fiscales en su patio trasero, van a comprometerse en este tema” para obtener estos acuerdos fiscales más fuertes que van a irritar a los bancos suizos y posiblemente una atención no querida sobre ellos?”, se preguntó el experto.

Los acuerdos de intercambio de información generalmente contienen más de una docena de principios que indican el detalle y amplitud de la información a ser intercambiada, las facultades legales que permiten tal intercambio en ambos países y los requisitos para obtener la información. Los investigadores generalmente deben entregar los nombres de los clientes, los números de cuentas o la evidencia de las transacciones sospechosas.

En el caso del acuerdo de los EE.UU. con el UBS, el acuerdo evita violar las leyes de secretismo bancario suizas requiriendo que los Estados Unidos envíen un pedido de nuevo tratado, basado en los tratados impositivos anteriores con el gobierno suizo firmados en octubre de 1996 y enero de 2003. El nuevo acuerdo, que se aplicará a delitos pasados, ampliará los delitos que justifiquen el intercambio de información, según una declaración realizada por el gobierno suizo. Con las agencias estadounidenses logrando un marco para el intercambio de información, “sería más fácil” para otros países iniciar acciones legales, porque “hay un estándar al cual seguir”, indicó Komisar, quien también escribe exhaustivamente sobre temas de evasión fiscal.

Los 30 miembros de la Unión Europea que son miembros de la Organización Para el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) están “preocupados por la evasión fiscal y están mirando a todos lados donde puede” para recuperar fondos perdidos, en lo que se ha convertido en un tema global de US$7 billones, señaló el vocero Nicholas Bray, quien no quiso hacer comentarios sobre las negociaciones individuales o sobre cómo responderá Suiza a esos pedidos.

En mayo de 2009, la OECD elaboró una lista de países y jurisdicciones “no cooperadoras”. La agencia incluyó a 30 jurisdicciones que se han “comprometido con los estándares impositivos internacionales”, pero que “todavía no han implementado ningún cambio sustancial”.

Presión política global

A nivel global, los paraísos fiscales han acordado firmar más de 60 tratados impositivos mediante los cuales se permite un mayor intercambio de información con países como Francia, Alemania, Irlanda, Suecia, Nueva Zelandia y el Reino Unido. Esto es superior a los 21 acuerdos firmados en 2008, los 12 acuerdos logrados en 2007 y ninguno en 2006, según las cifras de la OECD.

Si bien pueden pasar varios meses de negociaciones entre los diplomáticos, la elaboración de esos tratados puede ser una gran ayuda para los países que han perdido ingresos por impuestos durante años debido a los paraísos fiscales, precisó Bray, agregando que algunos países podrían obtener decenas de miles de millones de dólares.

Desde que ofreció un programa de amnistía fiscal en 2004, Grecia ha recibido unos US$30.000 millones de fondos offshore recuperados, mientras que Italia ha recibido US$2.100 millones y Alemania US$901 millones en ese mismo período.

Por su parte, Estados Unidos ha recibido US$192 millones en impuestos no pagados desde la iniciativa de información voluntaria implementada en 2003, lo que es una cifra insignificante si se compara con la cifra calculada de pérdidas anuales que tiene EE.UU. por evasión fiscal, que está entre US$50.000 millones y US$100.000 millones, según Jeffrey Owens, Director del Centro de Política y Análisis Impositivo de la OECD.

Muchos de los países que se quejan del mayor abuso fiscal también son aquello que tienen las mayores alícuotas y, por lo tanto, las razones más importantes para que los evasores traten de eludir a los funcionarios impositivos, según un informe de Deloitte correspondiente a septiembre de 2009. Argentina aplica una tasa impositiva del 35%, mientras que Brasil y Francia tienen una tasa impositiva del 34%, según el informe. En comparación, Suiza tiene una tasa fiscal efectiva del 8,5%.

Muchos países de la Unión Europea que han visto miles de millones de dólares dirigirse a Suiza están sintiendo “la presión impositiva y la presión política” para lograr un acuerdo con el país y comenzar a hacer que vuelva el dinero, afirmó John Christensen, director de la Red Justicia Impositiva, una coalición independiente que analiza el impacto de la evasión impositiva y recomienda reformas globales. “No hay dudas de que hay una opinión pública fuerte” que respalda esas medidas, dijo, agregando que la mayoría de los países no están ampliando sus leyes, sino que están implementando de manera más agresiva acuerdos de intercambio de información fiscal de acuerdo con sus facultades actuales.

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